El Gobierno «cerrará el paso» de Batasuna a las instituciones con una reforma legal

El Consejo de Ministros aprobará hoy las reformas legales para tratar de sellar todos los resquicios que la izquierda 'abertzale' podría utilizar el año próximo para burlar al estado de derecho y concurrir a las elecciones municipales. Se trata de las «reformas legislativas» a las que ayer hizo alusión el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, cuando dijo que el Gobierno persigue la derrota de ETA y «está trabajando para hacer cada vez más difícil que puedan presentarse» a unos comicios. «Se trata de cerrar cualquier paso a Batasuna», resumió ayer un miembro del Ejecutivo.

La reforma, según confirmaron fuentes gubernamentales, ha sido elaborada durante casi un año por técnicos de los ministerios de Justicia, Interior y Política Territorial y plantea modificaciones a la ley orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), a la ley de Bases del Régimen Local y a la ley de Partidos Políticos. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó ayer al interlocutor del PP en temas de terrorismo, Federico Trillo, de las líneas generales del proyecto y los populares consideran que satisface buena parte de sus demandas.

El objetivo principal es que no se vuelva a repetir la experiencia de las elecciones municipales de 2007, cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado sólo lograron pruebas para poder anular 112 de las 245 listas presentadas por ANV ante el Tribunal Supremo, lo que tuvo como consecuencia que la formación que un año más tarde fue ilegalizada por ser «un instrumento» al servicio de ETA lograse concejales en 125 ayuntamientos del País Vasco y Navarra y 42 alcaldes a los que ya no se ha podido expulsar ni de los gobiernos municipales ni de las instituciones.

Maniobras

Las modificaciones también tendrán en cuenta las maniobras puestas en marcha en los últimos meses por la izquierda 'abertzale', como intentar camuflarse en listas bajo el paraguas de otros partidos legales o tratar de integrar plataformas electorales que discurran por el filo de la ley.

Las modificaciones previstas en las tres leyes persiguen dos grandes objetivos: imposibilitar que organizaciones o personas vinculadas al entorno de la banda terrorista ETA puedan acceder a las instituciones y crear mecanismos para que si alguna de estas candidaturas o candidatos consiguen burlar el filtro y el hecho se comprueba a posteriori puedan ser expulsados de las instituciones o, al menos, inhabilitados o despojados del poder.