Gobierno y Fiscalía creen que la anulación de escuchas de 'Gürtel' no invalida la instrucción

Sólo la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid invalide la mayor parte de las escuchas carcelarias en el 'caso Gürtel' desató todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la investigación. El Gobierno y la Fiscalía creen que no la invalida porque las razones que llevaron al juez Baltasar Garzón a ordenar el ingreso en prisión de los cabecillas de la red corrupta no están en discusión. Fuentes cercanas al caso sostienen, sin embargo, que de confirmarse la nulidad quedarían invalidadas numerosas pruebas, entre ellas las que motivaron las comisiones rogatorias en distintos países para recuperar la fortuna evadida por Francisco Correa y sus colaboradores, que ronda los 50 millones de euros.

Nadie dice saber nada de la decisión definitiva del Tribunal Superior; de hecho, los tres magistrados de la Sala de lo Penal continuaron ayer las deliberaciones y tienen previsto hacerlo ayer. Pero la sensación general es que su resolución se acercará mucho a la información adelantada por el diario 'El País', que apunta que casi todas los pinchazos en la cárcel serán anulados. El propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aunque precisó que no hay una resolución oficial, dio por hecho que será así y sostuvo que la nulidad de esas pruebas tendrá «un efecto muy parcial» en la investigación y no desmontará el tronco central de la acusación.

El responsable del Ministerio Público indicó desde Valladolid que en el sumario hay «pruebas independientes y desvinculadas (de las escuchas en prisión) que permitirán continuar con la instrucción del caso». Lo mismo opinan en la Fiscalía Anticorrupción, desde la que se sostiene que «sigue habiendo» caso y, en absoluto, va a haber una reedición del 'caso Naseiro', otra investigación de finales de los años ochenta sobre corrupción en el PP que quedó invalidada por la nulidad de las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas sin permiso judicial.

Evidencias anteriores

Garzón no ordenó el ingreso en prisión de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez por lo que dijeron en las conversaciones con sus abogados en el locutorio de la cárcel de Soto del Real sino por las evidencias sobre sus actividades presuntamente delictivas obtenidas antes. Entre ellas, el 'pen drive' del contable de la organización, José Luis Izquierdo, incautado por la Policía en el registro de las oficinas de las empresas de Correa. El cabecilla admitió en una de las escuchas de la cárcel que sin ese archivo informático, en el que se detalla la contabilidad 'B' de la trama, «no tendrían nada».

Fuentes jurídicas, no obstante, dan por seguro que los letrados de los tres solicitarán su excarcelación si se confirma la nulidad de los 'pinchazos' en la cárcel y el instructor, Antonio Pedreira, que validó la intervención de esas comunicaciones, tendrá que resolver. Si rechaza la petición, los letrados, con toda probabilidad, recurrirán a la Sala de lo Penal, la misma que se inclina por declarar nulas las escuchas.

El Gobierno, sin embargo, no quiere entrar en esas conjeturas y compartió el criterio de la Fiscalía de que queda mucho por investigar. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló que la investigación tiene aún «mucho recorrido» y seguirá adelante. El titular de Fomento, José Blanco, participó de ese criterio y confió en que la nulidad de las escuchas carcelarias «no signifique absolutamente nada» y «la verdad va a resplandecer al final».

En el PP se impuso la consigna de que la investigación tiene que «llegar hasta el final». Así lo dijeron Esperanza Aguirre y Javier Arenas, con independencia de los avatares que surjan en la causa. Los dirigentes del partido opositor subrayaron, además, que lo sustancial no es que la eventual anulación de las escuchas sea «bueno para el PP», como precisó el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Luis Ayllón, sino que las pruebas acumuladas «se ajusten» a la legalidad.

Aspecto en el que también incidió la número dos del partido, Dolores de Cospedal, quien remarcó que la «nulidad de las escuchas» no fue solicitada por el PP, un detalle, dijo, que «hay que dejarlo bien claro». La solicitud fue formulada por los abogados de 23 de los más de 70 imputados en la causa de la trama corrupta que tiene ramificaciones entre dirigentes y cargos públicos del partido opositor.