Obligación francesa

El acto fúnebre celebrado en memoria del brigadier Jean-Serge Nérin, asesinado por ETA el pasado 16 de marzo, dio lugar ayer a un emocionado homenaje que concedió una especial significación al encuentro entre los presidentes francés y español, Nicolas Sarkozy y Rodríguez Zapatero. Ante el féretro que contenía los restos de Nérin, Sarkozy se comprometió a «erradicar una a una todas las bases de ETA en Francia». Obligación que el mandatario galo ha visto siempre clara en relación a la democracia española, y que ha dado notables frutos a la lucha contra el terrorismo a través de la colaboración entre ambos países. Pero, detrás de tan inequívocas palabras, existe también una escala de prioridades que, en términos de seguridad y prevención de la delincuencia, tiende a relegar el combate contra la banda etarra a un segundo plano. La cooperación anti-terrorista entre Francia y España se basa fundamentalmente en el amplio margen de actuación que la Guardia Civil y la Policía Nacional encuentran en el país vecino, más que en la dedicación de recursos propios a la detección y seguimiento de los activistas de ETA por parte de los servicios franceses. Esta fórmula de colaboración se ha mostrado eficaz en tanto que ha dejado en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, más especializados e informados, la gestión estratégica y la dirección de las principales operaciones en Francia. Pero requeriría una mayor implicación de las autoridades francesas cuando la amenaza etarra se dispersa por toda la geografía del país vecino. El asesinato de Dammery-les-Lys y el incalificable error en la identificación de sus autores demandan resultados inmediatos, de igual modo que el efectivo acorralamiento al que el Estado de derecho está sometiendo a ETA exige el máximo de unidad democrática. En este sentido, las desafortunadas manifestaciones de Mayor Oreja fueron ayer mucho más allá de las reservas que puedan mantenerse respecto a la actitud de Rodríguez Zapatero. Porque sugerir que se están dando conversaciones entre el Gobierno y ETA, y que habría una coincidencia de intereses entre ambos, invita a la sospecha permanente, y contribuye a abonar las expectativas negociadoras y el inmovilismo de los propios terroristas.