Acusan al Ayuntamiento de El Puerto de "dejar caducar" un expediente urbanístico abierto al abogado de Fevema

Ecologistas en Acción aseguró hoy que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto ha decretado la caducidad del expediente abierto por la construcción de una casa "ilegal" al abogado de Fevema, la entidad que agrupa a los propietarios de varias urbanizaciones "ilegales" construidas en "terrenos protegidos" de la localidad portuense.

Según explicó el colectivo ecologista en un comunicado, el expediente "por la realización de obras sin licencia" se abrió a A.C.S. en septiembre de 2006 a raíz de una denuncia contra A.P.R., esposo de la anterior, por la construcción de una vivienda unifamiliar en el número 13 de la calle Montes de Oca "sin licencia urbanística" y en terrenos clasificados como "suelo no urbanizable".

Un mes más tarde, el arquitecto municipal emitió un informe determinando que las obras "no son legalizables" y proponiendo su demolición, previa audiencia al interesado para formular alegaciones.

No obstante, con fecha de dos días después, es decir, del 6 de octubre de 2006, se solicita información complementaria a la empresa Servicios Económicos del Puerto (Serecop). Dicho informe es reiterado con fecha de 22 de diciembre de 2006, siendo cumplimentado por la referida empresa "en noviembre de 2007". En este punto, Ecologistas en Acción enfatizó que Serecop tardó "más de un año en cumplimentar el informe requerido".

Por otra parte, indicó que la concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, "también tarda más de un año en comunicar el expediente al interesado para que formule las alegaciones que estime convenientes", ya que "consta como notificado con fecha de 1 de febrero de 2008".

Más tarde, el 15 de abril dictó resolución ordenando la demolición de la construcción levantada en un mes, apercibiendo de la imposición de multas coercitivas en caso de ser desatendida dicha orden.

Sin embargo, ante el recurso de la propietaria, el servicio jurídico de Urbanismo constató que el expediente tenía "múltiples irregularidades", entre las que citó que no existía un acuerdo formal de inicio de expediente, ni acuerdo de suspensión de obras o de legalización. A esto, sumó que "tardaron un año y medio en resolver el expediente y tres meses en notificarlo".

Por todo ello, indicaron que Ybarra firmó una resolución el pasado 1 de febrero por la que se acuerda "el archivo del expediente" por considerarlo "caducado", ya que se había sobrepasado el plazo de un año del que dispone la Administración para resolver y notificar el acuerdo.

Finalmente, Ecologistas en Acción preguntó si se va a exigir responsabilidades a los funcionarios que, a su juicio, "han dejado caducar este expediente" y cuestionó si se ha pasado "de las licencias otorgadas por silencio administrativo a la impunidad por silencio administrativo".