Todo menos gobernar

El tiempo pasa. Estamos a punto de consumir el primer trimestre de este año que, tras la debacle de 2009, estaba llamado a ser el de la recuperación del pulso y la dirección de la economía, el de las reformas modernizadoras, el del inicio del retorno -cauto pero retorno al fin- a la disciplina fiscal en economías anegadas por un gasto público que ha contenido algunos problemas y simplemente ha trasformado otros.

Y de nuevo, cuando ya empieza a tomar forma algo de lo que será el balance del año, persiste la sensación de que el tiempo sigue dilapidándose; se fortalece la fundada impresión de que el margen que todavía tenemos como país para recobrar confianza internacional y solidez interna sólo se está aprovechando para justificar la inacción, para torear de salón, para entretener con palabrería hueca.

Del espejismo de la presidencia europea -un fracaso sin paliativos que certifica la centrifugación de nuestro país hacia la periferia de la Unión Europea- hemos pasado al próximo espejismo, el de la crisis de gobierno que traerá un nuevo equipo ministerial con fuerza renovada, competencia gestora y credibilidad. Es decir, lo mismo que se dijo hace ahora exactamente un año cuando Zapatero presentó la remodelación de su Gobierno que ahora se vuelve a dar por amortizado.

En estas expectativas -ya sea la conjunción planetaria con Obama o la próxima incorporación al Gobierno de talentos que desconocemos pero que, como el vino bueno del episodio evangélico, Zapatero se reserva para servirlos al final- el Gobierno parece encontrar el oxígeno que necesita desesperadamente para mantener su renqueante existencia.

Conserva la mayoría parlamentaria gracias al apoyo de los nacionalistas que obtienen sus correspondientes réditos y una creciente cuota de protagonismo con el beneficio añadido de que, apoyando a Zapatero, debilitan la posición de los socialistas en Cataluña y el País Vasco, próximos escenarios de confrontación electoral. Pero -lo sabe Patxi López- la comodidad de Zapatero prevalece y los nacionalistas saben que éste es un valor seguro en el que invertir. Sólo en esta clave, la del mínimo esfuerzo político para no hacer olas, puede entenderse que a estas alturas no haya que mencionar ninguna medida real, activa, tangible que el Gobierno haya tomado para actuar sobre la recesión, aparte, naturalmente, de subir el IVA.

No queda nada de la reforma de las pensiones sobre la que el Gobierno ha hecho lo que precisamente dijo que por responsabilidad no haría: dejar para otros el problema. Sobre la reducción del déficit, el Ejecutivo se agarra a que no se están reponiendo los efectivos que se jubilan en la Administración y el efecto recaudatorio de la subida del IVA. Ni lo uno ni lo otro parecen convencer a Bruselas, que pide más concreción de las medidas de consolidación fiscal y, por boca del comisario Joaquín Almunia, tacha de demasiado optimistas las previsiones oficiales.

De otras reformas, sólo puede esperarse la progresiva 'jibarización' de las propuestas en materia de mercado de trabajo, una vez confirmado que los sindicatos mantienen un poder de veto irrestricto en el diálogo social. Y eso sin contar con las erráticas ocurrencias de un Gobierno que con una mano se apunta a los éxitos de las grandes empresas españolas en sectores de vanguardia y con otra abre la puerta a su desestabilización.

Lo curioso de todo esto es el descaro con que el Gobierno intenta arrojar sobre el Partido Popular la responsabilidad de su inacción cuando no la de su abierta incompetencia. El Gobierno del 'cordón sanitario' para aislar al PP como un actor político indeseable en el juego democrático, a pesar de sus diez millones de votos, es el que reprocha a los populares que 'no arriman el hombro', es decir, que no le hacen al Ejecutivo la vida aun más cómoda de lo que ya se la hacen sus aliados parlamentarios tradicionales.

A Zapatero no le tembló el pulso a la hora de aprobar un Estatuto como el catalán con su sola mayoría parlamentaria, sin y contra el Partido Popular, a pesar de ser la iniciativa con mayor impacto constitucional desde 1978. Tampoco creyó necesario contar con el PP cuando rompió el Pacto por las Libertades -modelo de pacto de Estado, por cierto- para entregarse a una negociación política con ETA, cruce de ensoñación y arrogancia, por más que ahora se pretenda reescribirla como un hito letal para la banda terrorista.

Un Gobierno que ha demonizado a la representación política de millones de españoles para negarle su condición de interlocutor necesario y parte en los consensos políticos básicos para el país, reclama ahora la comparecencia del Partido Popular. El objeto no son acuerdos de largo alcance y compromisos evaluables, sino un repertorio de enunciados cuya adopción ni merece ser elevada a acuerdo de Estado ni requiere de más impulso que el del propio Gobierno en el ejercicio de su responsabilidad ordinaria.

En plena tormenta financiera, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, quiso ganarse las confianza de los inversores de la City en sus promesas de reducción del déficit recordando a sus interlocutores que «España ya lo ha hecho antes». Citado el antecedente, 1996, Campa debería haber añadido «.y el Gobierno entonces lo hizo con una estrecha mayoría electoral, el apoyo de CiU y un acuerdo de investidura con el PNV». Entre otras medidas, hubo que congelar el sueldo a los funcionarios. Aún hoy, esa decisión es utilizada por la propaganda socialista contra Mariano Rajoy.