El Congreso aprueba que la administración pague a las empresas en un plazo de 30 días

La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados ha aprobado, con competencia legislativa plena, una proposición de ley para limitar a 30 días el plazo en que la administración debe pagar a las empresas proveedoras. La proposición supone la modificación de la Ley 3/2004 sobre morosidad en las operaciones comerciales, que establecía un régimen general de pago a 60 días, con excepciones a 90 días y una limitación de 30 para los bienes perecederos.

A partir de ahora, la administración deberá pagar en un plazo máximo de 30 días, mientras que el sector privado deberá hacerlo en 60 días a partir del momento en que sus proveedores entreguen los bienes o presten los servicios contratados.

Según algunas estadísticas manejadas por los grupos parlamentarios, el plazo efectivo de pago es de unos cien días en el sector privado, de 140 en la administración central, de 150 en la autonómica y de 238 días en la local.

Aprobada por unanimidad

La iniciativa, que fue presentada por CiU y ha sido aprobada por unanimidad en gran parte de su articulado tras ser transaccionada, introduce un periodo transitorio de aplicación, de modo que la administración deberá reducir el pago a las empresas a 55 días desde su entrada en vigor; a 50 días a partir del 1 de enero de 2011; a 40 días en 2012, y a 30 días a comienzos de 2013.

Según el texto de la norma, que ahora deberá pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva, los pagos efectivos entre empresas en las operaciones comerciales deberán hacerse en un plazo máximo de 60 días. El sector privado también contará con un periodo transitorio para reducir los plazos de pago a sus proveedores, a 85 días desde su entrada en vigor; a 75 días a partir de enero de 2012, y a 60 días en enero de 2013.

Asimismo, corresponderá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el seguimiento de la aplicación la nueva normativa, de modo que el Gobierno pueda remitir a las Cortes un informe anual con la información sobre los plazos de pago y la morosidad en las transacciones comerciales.

Un gesto hacia las pymes

El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha destacado que la aprobación de esta norma supondrá la mejora de la liquidez y la competitividad de las pymes, y permitirá a España "abandonar la cola de la morosidad en Europa", a la vez que agradeció el esfuerzo hecho por todos los grupos para sacarla adelante con el máximo consenso posible.

El resto de los grupos ha coincidido en la conveniencia de mejorar la Ley aprobada en 2004 para paliar los altos índices de morosidad que sufren las pymes y los autónomos, si bien PSOE y PP recordaron que la norma todavía puede ser objeto de nuevas modificaciones en su trámite parlamentario en el Senado.