Indultan a un empresario, condenado por la muerte de un peón de sólo 16 años

Tenía 16 años, demasiados pocos para ejecutar unas tareas consideradas «especialmente penosas», procedía de una familia humilde y se agarró a un trabajo de mañana y tarde aunque le faltara preparación y un contrato laboral en regla. El 4 de marzo de 2000 murió aplastado por una tolva que no reunía las condiciones. Este conjunto de irregularidades fueron reconocidas por el juzgado de lo Penal nº 1 de Jerez y en segunda instancia por la Audiencia Provincial, que condenó a los dos empresarios que dirigían el centro de lavado de áridos, ubicado en una finca de Jerez donde murió el adolescente. Tres años de prisión le impusieron a cada procesado por delitos de homicidio imprudente y contra el derecho de los trabajadores, pero ninguno llegó a pisar la cárcel y, además, el Gobierno los ha indultado a ambos. El último acaba de ser concedido por el Consejo de Ministros y hecho público ayer en el BOE.

En las dos sentencias dictadas entre 2003 y 2004 se subrayaban las pésimas condiciones en las que trabajaba la víctima, que además ejecutaba tareas que están vetadas para los menores de edad según recoge el Estatuto de los Trabajadores, norma básica en materia laboral. La tolva que se desplomó encima suya, fue adquirida por uno de los condenados de segunda mano. Fue instalada sin la supervisión de un técnico y le incorporaron modificaciones en la estructura, calificadas en las sentencias de «chapuzas», sin pasar ningún control de mantenimiento. El resultado fue desastroso: no aguantó el peso de la arena que fue acumulando y se derrumbó atrapando al menor.

El tercer procesado

Además de los dos empresarios, también fue condenado el representante legal de la empresa que cedió la explotación de las instalaciones mineras. Sin embargo a este último le impusieron dos años de cárcel y se le concedió la suspensión de la ejecución de la pena que le permitió no entrar en prisión.

Sin embargo, los otros dos acusados, que superaban el límite habitual de los 24 meses que se exigen para solicitar la suspensión, no obtuvieron el informe favorable ni del fiscal ni del juzgado de lo Penal por estar sentenciados a tres años. Pero en noviembre de 2006, el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, firmaba un decreto que conmutaba las penas en una sola de dos años para uno de los empresarios, promoviendo así su indulto.

Ahora ha sido el ministro Francisco Caamaño quien ha rubricado el segundo indulto. En este caso, el empresario jerezano no era la primera vez que tenía problemas con la Justicia. En 1995 fue condenado por desobediencia y la pena también le fue suspendida.