Yak-42: punto y seguido

El fallo del Tribunal Supremo que confirmó el pasado miércoles los tres años de prisión al general Navarro puso un punto y seguido a la investigación del Yak-42. La condena al oficial y sus dos subordinados por falsear las identidades de 30 de los 62 militares fallecidos cerró un «tortuoso» proceso judicial que ha durado seis años. Pero las pesquisas sobre la mayor tragedia del Ejército en tiempos de paz siguen vivas. La Audiencia Nacional tiene abierta una causa sobre la responsabilidad del Ministerio de Defensa en la contratación del avión ruso. De momento hay cinco imputados por homicidio imprudente, entre ellos el jefe de la cúpula militar en el momento del siniestro.

Con un categórico «ya es muy buen final», Miguel Ángel Sencianes, presidente de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias de los militares fallecidos, resumió el sentir general tras conocer la resolución del Supremo. Y no es para menos. En los seis años que ha durado el proceso sobre las falsas identificaciones han vivido en primera persona los vaivenes de la Justicia, de recurso en recurso, levantándose cada vez que los jueces de la Audiencia Nacional les daban la espalda y sacando fuerzas de flaqueza para que los nombres de los suyos, de los no identificados, prevalecieran.

Para los familiares, la condena del alto tribunal por falsedad documental demuestra, por un lado, que el general Vicente Navarro no tuvo errores, sino que directamente decidió no investigar. Del otro, que esa postura se conocía en el Ministerio de Defensa cuando llegaron los cadáveres y antes incluso de que se celebrara el funeral del Estado, que contó con la presencia de los Reyes, del entonces presidente José María Aznar y del ministro Federico Trillo. «De ahí que ahora tengamos el sosiego de la verdad y de la justicia. Aunque la investigación sigue abierta», señalan.

Los largos años de proceso se centraron en los acontecimientos sucedidos en dos días, del 26 al 28 de mayo de 2003, entre el momento en que los españoles se levantaron con la noticia del accidente de un avión ruso en los montes turcos de Trebisonda, en plena resaca de las elecciones municipales, hasta que se celebraron las exequias en Torrejón de Ardoz (Madrid), unos actos que estuvieron cargados de tensión por las críticas al Gobierno.

Obstáculos

En la investigación judicial de esas 48 horas hubo zancadillas y obstáculos casi insalvables para que la instrucción no llegase a puerto. Los traspiés llegaban desde el Ministerio de Defensa, con misivas y mensajes para que las familias frenaran su ímpetu por conocer qué paso; los muros se levantaban en los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, donde hasta en dos ocasiones decidieron archivar la causa al no apreciar indicios de delito.

La primera vez durante la admisión a trámite de la querella de los familiares, en la que acusaba a los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán de falsedad y prevaricación en las identificaciones. La jueza Teresa Palacios rechazó la demanda pese a que encima de la mesa ya existía un acta de los forenses turcos que reflejaba que tres horas antes de las repatriaciones había militares sin identificar. La segunda, cuando la investigación pasó a manos del juez Fernando Grande-Marlaska tras la marcha de Palacios.

En sólo seis meses de instrucción y después de que la Fiscalía solicitase el procesamiento de los tres oficiales, Marlaska dio carpetazo al caso y sugirió que las falsas identificaciones eran un hecho «inane, inocuo o intrascendente», que no tenía relevancia penal ni siquiera en grado de imprudencia. La resolución fue en noviembre de 2007 y aún hoy la rememoran con sarcasmo los letrados de las familias. En ambos casos fue la instancia judicial superior, la Sala de lo Penal, la que, tras sendos recursos de las defensas, ordenó investigar y dictar la apertura de juicio oral en respuesta a Marlaska.

Para entonces, el Instituto de Toxicología de Estambul ya había confirmado los errores en las filiaciones, que posteriormente confirmó Madrid. Tras ello, la Audiencia Nacional ordenó las exhumaciones de los 30 militares mal identificados. Habían pasado 20 meses de la tragedia y 21 familias recibieron los restos de sus seres queridos, ya que los otros nueve habían sido incinerados erróneamente por otras familias durante el primer sepelio.

En el juicio celebrado hace un año, la Audiencia rechazó la comparecencia como testigos de cargos políticos, entre ellos José María Aznar, Federico Trillo y José Bono, para que aclarasen quién ordenó repatriar a los militares a sabiendas de que había cuerpos sin identificar.

En el ánimo de los letrados de las familias siempre ha estado presente la implicación de responsables políticos en el siniestro del Yak. Incluso en la causa que investiga ahora el juez Marlaska sobre las presuntas negligencias en la contratación del avión el fiscal ha vuelto a rechazar la imputación de Trillo, por lo que parece muy complicado que los políticos vayan a responder por esta tragedia.