El censo sindical bate un récord

Los servicios jurídicos de los sindicatos no dan abasto. Los trabajadores han vuelto a recurrir a las centrales sindicales como medida para proteger sus intereses ante los efectos de la crisis. El miedo a perder el puesto de trabajo o la simple amenaza ante posibles cambios en la empresa han generado una situación de inseguridad laboral que ha beneficiado, indirectamente, a los sindicatos. A río revuelto ganancia de pescadores. Esta incertidumbre se ha traducido en un espectacular incremento de la afiliación sindical en la provincia.

Así, UGT ha pasado de 16.471 afiliados en 2005 a contar ahora con un censo de 29.998 militantes. Por lo que respecta a CC OO, los datos revelan que de 31.259 afiliados hace cuatro años, suma ahora 34.808.

Antonio Martínez tiene 40 años, es aparejador y nunca imaginó que una mañana de febrero acabaría sentado ante un asesor de Comisiones Obreras relatando cómo su empresa lo había puesto en la calle en menos de una semana. De nada le ha valido su dilatada experiencia y, menos aún, ese aval de estabilidad que proporciona un contrato fijo. El argumento que ha planteado el estudio de arquitectura donde trabajaba Antonio para aprobar su despido ha sido tan fácil como sencillo en estos tiempos que corren: ajustes. Primero fue una reducción salarial y luego unas vacaciones forzosas sin remuneración «porque no había trabajo». Antonio volvió de su retiro obligado y se encontró con el finiquito encima de la mesa.

La palabra crisis está ligada ahora a la de restructuración. Los sindicatos saben que esta excusa ha permitido a las empresas limpiar plantillas. El responsable de la oficina jurídica de UGT en Andalucía, Francisco Díaz, reconoce, sin tapujos, que el incremento de reclamaciones por despidos se disparó a partir del último trimestre de 2008. Antonio es uno de los nuevos parados que se ha ido de la empresa con 45 días por año trabajado. El sindicato le confirmó que había poco que pleitear.

Desbordados por las consultas

Paradójicamente, las oficinas jurídicas de los sindicatos han tenido que aumentar plantilla para atender la demanda de sus afiliados así como las consultas de los trabajadores no adscritos al sindicato. UGT cuenta en Andalucía con 77 personas dedicadas al asesoramiento laboral, de las que diez trabajan en las oficinas de Cádiz, Jerez y Algeciras.

Para Comisiones Obreras, sin embargo, el incremento de la tasa de afiliación no guarda una relación directa con el paro que azota a la provincia. Fuentes de este sindicato en la provincia señalaron que afiliados de los sectores de la construcción y servicios, por ejemplo, se han visto obligados a firmar la baja por no poder pagar la cuota. Cuando el trabajador se queda en paro tiende a recortar gastos y los tijeretazos los sufren las cuotas. El último dato de desempleo correspondiente a febrero ha arrojado un saldo de 173.557 gaditanos en la cola del paro. La situación no está para tirar cohetes y son ahora los abogados laboralistas lo que tratan de defender los intereses de los despedidos ante los tribunales.

Francisco Díaz destaca que las reclamaciones que se atienden con mayor urgencia son las de despido y, seguidamente, las reclamaciones de cantidad. «Lo primero que estudiamos es si el despido es o no procedente», indica.

En su opinión, la crisis ha favorecido el despido encubierto, es decir, empresas que han utilizado el argumento del ajuste de producción para despedir con 20 días por año trabajado.

La manifestación que recorrió las calles de Cádiz el pasado 24 de febrero contra la ampliación de la edad de jubilación puso de relieve, entre otras cosas, el aumento de la representación sindical. Los organizadores de la protesta cifraron en más de 5.000 personas el número de asistentes en un día laborable de la semana. Comisiones Obreras cuenta en sus filas con 34.808 afiliados, un 10% más que en 2006. Este sindicato tiene 3.304 delegados en la provincia frente a los 2.675 que suma UGT o los 153 que aporta el CSI-F. Este último sindicato se ha convertido en la tercera fuerza sindical de la provincia. En los cuatro últimos años también ha incrementado su índice de afiliación pasando de 3.266 en 2005 a 6.784 en 2009, el doble. Su presidente provincial, Julián Martín, destaca que este aumento obedece a al nuevo modelo de acción sindical al tiempo que destaca que es el sindicato mayoritario en la función pública.

En el caso de CC OO, el sector del Metal es el que cuenta con mayor índice de afiliación con 5.799 personas en la provincia. Cobra especial importancia la representación sindical en las empresas. Así en el periodo comprendido entre 2005 y 2009 se incrementa la presencia sindical en la provincia de Cádiz en 200 delegados más. De 761 en 2005 pasa a 961 en 2009

Sin embargo, ha sido UGT el que ha experimentado en los últimos años el mayor crecimiento de afiliación en la provincia con un 45%. Cabe destacar que las mujeres han sido las más proclives a contar con un carné sindical. Así, en 2005 había 4.351 mujeres afiliadas a UGT frente a las 10.284 de ahora.

Recortes de plantilla

Los efectos de la crisis en los centros de trabajo se han notado también por un descenso en el absentismo laboral. El temor a perder el trabajo y a los recortes de plantilla han llevado a un descenso brusco de las bajas laborales. El absentismo laboral por enfermedad común y las ausencias no justificadas han caído entre un 13% y un 16% por tercer año consecutivo en 2009. Así, la duración media de una baja en la provincia se sitúa ahora en 32 días frente a los 34 de 2007.

El responsable de la oficina jurídica de UGT, Francisco Díaz, insiste en que todos estos efectos colaterales de la crisis, han generado, por un lado, una incertidumbre laboral que se ha traducido en más afiliación, para tener una cobertura, y en más demanda de respuesta legal ante casos muy concretos. Las oficinas gaditanas de asesoramiento tramitaron el año pasado 2.776 expedientes, respondieron a 3.572 consultas y celebraron 1.398 actos judiciales. Díaz destaca que el volumen de trabajo en los despachos sindicales ha aumentado en un 43%. En Andalucía, se produjeron el año pasado 4.425 sentencias en el juzgado de lo Social, de las que el 76% fueron favorables a la demanda de los trabajadores.