La Fundación Pascual y los hechos consumados

Desde hace años, las clínicas Pascual -ya saben, las de las faldas obligatorias para las enfermeras del hospital de San Rafael y una de las firmas más solventes del sector privado de la salud-asientan la naturaleza de su negocio en un toma y daca con las autoridades sanitarias que, históricamente, no han tenido otro remedio que apenchar con su política de hechos consumados que, en gran medida, le han convertido en uno de los principales emporios de la medicina privada en Andalucía. La Junta de Andalucía se ha doblegado a sus exigencias por las propias demandas ciudadanas y porque, en gran medida, le resultaba más barato concertar con esta empresa la construcción de un centro sanitario que sufragarlo en exclusiva con fondos públicos. Hasta ahora, dicha estrategia le venía funcionando. Pero, en esto, llegó la Universidad de Cádiz que, al menos hasta ahora, no ha aceptado el trágala de la Fundación Pascual que ha reproducido en Villamartín el truco del puente de los leperos en Sevilla: esto es, primero construyes el puente y luego ya pasará el río. En el caso de dicha localidad de la sierra, se construye primero una Escuela de Enfermería y posteriormente se intenta que el rector de la UCA, Diego Sales, acepte incorporarla a sus campus.

Su negativa, en línea con la política de restricción de las escuelas adscritas afrontada por la Universidad desde hace años, ha motivado la protesta unánime de distintos colectivos políticos y sociales de la Sierra a quienes asiste, por supuesto, una preocupación evidente por el impacto de la crisis en dicho territorio pero también un claro hartazgo del olvido que dicho rincón de la provincia padece desde hace un mundo. Así, desde las propias filas del PSOE, el alcalde socialista de Villamartín, como el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, Alfonso Moscoso, han respaldado con vehemencia a la Fundación Pascual y criticado a la Universidad. Lo mismo ha ocurrido con Francisco González Cabaña, a la sazón presidente de la Diputación y Secretario General del PSOE de Cádiz, así como la UGT que defiende lógicamente la creación de un nuevo servicio que mal que bien también puede brindar nuevos puestos de trabajo. Todos o casi todos quienes se han pronunciado hasta la fecha sobre este albur hablan de que la sierra no tolerará una nueva humillación. Pero, ¿de qué humillación hablamos? La humillación en materia de Salud, en dicha área geográfica, la lleva sufriendo desde hace años Ubrique, que reclama inútilmente la dotación de especialistas para su centro sanitario, ya que el tiempo en recorrer la distancia que separa a ambas localidades es actualmente muy superior a las ratios que establece la propia Junta de Andalucía para conceder estos servicios. ¿Cuántas personas hay en la sierra que quieran estudiar enfermería? ¿No sería más lógico incentivar una política de becas para que pudieran hacerlo en los cuatro centros de esta especialidad que ya existen en la provincia, dos en Cádiz, uno en Jerez y otro en Algeciras? Es verdad que, como afirman las autoridades de la sierra, tendría más sentido una escuela de este tipo en dicha zona que en Jerez, por aquello de que allí es mejor el transporte público. Pero, bajo esa premisa, ¿no sería lo suyo mejorar el transporte público antes que despojar a Jerez, por tal motivo, de todo su campus?

Por otra parte, cabría plantearnos si tanto personal sanitario hace falta en esta provincia. Según el alcalde Calvillo, si: según un informe del Consejo General de Enfermería, España se encuentra a la cola en la ratio de profesionales por número de habitantes, lo que supone un 34,2% menos que la media europea. Claro que lo que habrá que preguntarse en ese caso es por qué muchos de quienes se diploman en enfermería terminan emigrando a Gran Bretaña o a Portugal o haciendo de correturnos eternos en los hospitales públicos o privados de esta y de otras comunidades autónomas. ¿Tendrá que ser la Universidad de Cádiz la que intente paliar por sí sola el déficit de diplomados en esta materia? A las autoridades de Villamartín y de la Sierra le sobra razón, como también le sobró al Sindicato Andaluz de Trabajadores y a otros partidos que apoyaron la reciente huelga general, a la hora de denunciar que dicha comarca registra la renta per cápita más baja de la provincia, con mayor número de desempleados: «Y además, nuestros jóvenes y sus familias quieren vivir, formarse y quedarse en su territorio», recalcó el alcalde Calvillo en una comparecencia pública. Pero, ¿todo eso se arregla permitiendo que una empresa privada vuelva a metérsela doblada a la administración pública? ¿Es que hubo algún acuerdo previo entre la Fundación Pascual y la UCA, que desconozcamos y que ahora se reivindique? Quizá lo suyo sería forzar, en este caso, a la Universidad de Cádiz, a emplazar en Villamartín o en cualquier otro municipio de la sierra, una escuela universitaria o una facultad acorde con las demandas de los ciudadanos de dicho entorno y no a capricho de intereses particulares. En cualquier caso, la negativa de la Universidad de Cádiz no tiene por qué impedir que la Fundación Pascual abra una Escuela de Enfermería. Y ya que han comenzado a solas esta aventura, podría concertarla por su cuenta y riesgo con universidades privadas. Pero no estoy convencido de que, en este supuesto, la estrategia de la presión sobre la UCA termine dando sus frutos.