La Fiscalía perseguirá a los conductores implicados en accidentes con víctimas menores sin cinturón de seguridad

Los fiscales en materia de seguridad vial podrán acusar de un delito de homicidio o lesiones imprudentes a un conductor en caso de accidente en el que fallezcan menores o resulten lesionados por no tener puesto el cinturón de seguridad o carecer de algún elemento de retención. También podrá imputarse un delito de "homicidio y lesiones imprudentes" a los conductores en caso de accidente mortal si se comprueba que el vehículo tenía los frenos o neumáticos deteriorados.

Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado unos cincuenta fiscales que han participado desde este lunes en las Jornadas Anuales de Fiscales de Seguridad Vial en Santiago de Compostela. Entre los puntos más destacados del encuentro, el fiscal coordinador, Bartolomé Varga, ha aludido la protección de los colectivos "más débiles", entre los que se incluyen a personas discapacitadas, ancianos, ciclistas, motoristas y, especialmente, los menores.

Según ha señalado, es responsabilidad del conductor poner el cinturón de seguridad a los menores que viajen en vehículo porque, justificaba Vargas, el niño está en una "absoluta indefensión" y no tiene consciencia de la importancia de este sistema de seguridad. Las medidas penales se aplicarán como "último recurso"; entonces, el caso se remitirá a la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores cuando se trate de personas unidas al menor por vínculos parentales o que desempeñen funciones de tutor.

Unas cifras 'negras'

El fiscal ha lamentado que más de la mitad de los menores fallecidos en accidentes de tráfico en España en 2008 carecían del cinturón de seguridad y ha concretado que de los 76 niños muertos el año pasado en las carreteras españolas, 40 no llevaban sistemas de retención o protección. Para evitar la muerte de menores en las vías, Vargas ha defendido la aplicación de acciones formativas y educativas entre los conductores, continuar con las campañas publicitarias de la Dirección General de Tráfico o imponer sanciones administrativas específicas.

Otra de las conclusiones se refiere a la responsabilidad de los funcionarios por no suprimir, deliberadamente, badenes, resaltos y bandas transversales "irregulares" y que representen un "obstáculo" para los conductores. Los fiscales podrán acusar a un funcionario de "delito" si, de manera intencionada, no ordena la eliminación de un paso elevado "muy alto", sin iluminación adecuada en la vía y mal señalizado, siempre y cuando la administración local cuente con los medios, por ejemplo económicos, para llevarlo a cabo.

Sobre la responsabilidad de los gobiernos, centrales o autonómicos, o de las empresas en casos de mal estado de las vías, Vargas ha negado que la Administración sea responsable y ha remitido la culpabilidad a un funcionario o a un alcalde.