Siete ex altos cargos de UM detenidos en el caso Voltor
La operación Voltor (buitre en mallorquín) investiga una supuesta trama de corrupción en empresas públicas del Gobern balear
PALMAActualizado:La detención del ex conseller de Turismo de Baleares Francisco Buils, junto a otras tres personas, se suma a la de otros seis ex altos cargos de Unió Mallorquina (UM) arrestados el pasado mes de febrero en la operación Voltor y que están imputados en este caso. La operación Voltor (buitre en mallorquín) investiga una supuesta trama de corrupción en empresas públicas del Gobern balear, principalmente en el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), y hasta el momento se ha saldado con veinte detenciones.
El 3 de febrero fueron arrestadas tres personas, entre ellas el director general de Calidad Ambiental del Govern, Antoni Oliver, miembro de UM.
En los dos días siguientes hubo trece detenciones más, incluidas las de Joan Sastre, director general de Promoción Turística: Miquel Nadal, ex conseller de Turismo del Govern balear, concejal del Ayuntamiento de Palma y ex presidente de UM hasta junio de 2009, y Miquel Àngel Flaquer, presidente de UM hasta diciembre de 2009. Entre los detenidos también estaban Alvaro Llompart, contable de UM, y Antonio Rebassa, responsable del área de Inversiones del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) y también miembro de UM.
El 5 de febrero, tras conocer las últimas detenciones, el presidente balear, Francesc Antich, rompió el pacto de gobierno con UM y destituyó a los tres consellers de esta formación. También fueron cesados los miembros de UM en los gobiernos del Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma.
El 6 de febrero el juez de guardia Enrique Morell, titular del juzgado número 9 de Palma, decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer, Antoni Oliver y Joan Sastre. Además, impuso una fianza de 75.000 euros a Alvaro Llompart y dejó en libertad con orden de comparecer cada quince días a Antoni Rebassa.
Nadal fue imputado por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, y Miguel Angel Flaquer, por malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. A Oliver se le atribuyeron los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, un delito continuado de prevaricación administrativa, coacciones y cohecho. Sastre fue imputado por fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y un delito continuado de prevaricación administrativa, y Llompart, por los delitos de fraude a la Administración y malversación.
El 9 de febrero todos ellos pagaron la fianza y salieron en libertad.
Diez días después el Consell de Govern aprobó que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se personara en las diligencias previas abiertas por el juzgado número 10 de Palma para investigar este caso. El 2 de marzo la juez de instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, prorrogó un mes el secreto del sumario.