GARZÓN, SOLO ANTE EL BANQUILLO

Por qué se ha abierto ahora la veda? ¿Por qué Baltasar Garzón, después de haber salido indemne de más de 40 querellas en los últimos años, corre ahora el peligro de sentarse en el banquillo de los acusados y de ser castigado con años de inhabilitación que terminarán con su carrera? La respuesta es unánime: buena parte de la carrera judicial está cansada de su estrellato, sus enemigos en los tribunales (nunca declarados) son cada vez más numerosos, y, por contra, cada vez son menos y menos poderosos sus apoyos en el proceloso mundo de las lealtades judiciales después de veinte años nadando en aguas turbulentas. El juez no lo ve así, sostiene en sus alegaciones en que la mano del PP, a cuenta del 'caso Gürtel', está detrás de sus problemas. Pero todos los consultados coinciden: «si Garzón no estuviera tan solo no estaría en la cuerda floja por muchos 'gürteles', 'franquismos' o 'santanderes' que hubiera instruido».

Una imagen -dicen- es fiel reflejo de esa soledad. Desde hace años, Garzón baja al bar de enfrente de la Audiencia Nacional a tomar el vermut y cada vez apura su vaso acompañado de menos amigos. Ya sólo comparten ese momento sus colegas Fernando Andréu y Santiago Pedraz, y la fiscal Dolores Delgado. Y ninguno tiene capacidad de mover los hilos de la Justicia. Lejos quedan los años del vermut en multitudes con el juez que puso contra las cuerdas a Pinochet, procesó a Bin Laden, encarceló a los grandes 'capos' gallegos, que encausó a los responsables de la guerra sucia del Gobierno socialista, que se atrevió con las más osadas operaciones contra ETA o al que postularon a Premio Nobel de la Paz.

Cerca, muy cerca de ese bar, en la propia sede de los juzgados de instrucción, en el Tribunal Supremo o en el Consejo General del Poder Judicial son muchos más los jueces que toman café mientras critican sin ambages el trabajo de Garzón y que, desde luego, no se entristecen del momento harto delicado por el que pasa, enfrentado a tres querellas por prevaricación, punibles con 20 años de inhabilitación.

«Y lo más curioso es que muchos de los que menos simpatías le prodigan son los que más trato han tenido con él», explica un juez de la plaza de la Villa de París, el centro neurálgico de la Justicia en Madrid. El progresista Luciano Varela, magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo que abrió la veda contra el juez al dar credibilidad a la querella por prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo, fue un estrecho colaborador de Garzón en 1990, cuando el entonces casi desconocido juez recién llegado a Mai se atrevió con los clanes de la droga gallegos en la 'operación Nécora'. Varela era titular de los Juzgado de Pontevedra y quedó apartado de la investigación por la pujanza del nuevo magistrado.

La otra mano derecha de Garzón en aquella batalla contra los 'narcos' era el entonces jefe fiscal antidroga, Javier Zaragoza, hoy responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. También aquella amistad se ha tornado, cuanto menos, en frialdad. Ambos en 2008 se enzarzaron en una guerra de resoluciones y autos a cuenta de la competencia, precisamente, en el sumario de las fosas.

No acusa

En el Ministerio Público, otrora gran valedor del juez, apenas le quedan amigos. La Fiscalía General, es cierto, no acusa al magistrado en ninguna de las tres querellas, pero Garzón ha terminado peleado con muchos de los fiscales que trabajaron a su lado y que llegaron a ser casi amigos, como Pedro Rubira o Ignacio Peláez, quienes discutieron una y otra vez su competencia para investigar los crímenes de las dictaduras de Argentina y Chile.

Peláez ha sido el gran factótum del último dolor de cabeza de Garzón: la querella por las escuchas en la cárcel a los abogados de los imputados de la 'operación Gürtel'. Es la primera vez que el Tribunal Supremo, que ha invalidado cientos de intervenciones de comunicaciones, admite una denuncia contra un juez por ordenar 'pinchazos'. Peláez, ex fiscal acusador en el 'caso Sogecable' que Garzón siempre quiso cerrar, es el abogado del constructor José Luis Uribarri y ha logrado que el alto tribunal acepte la demanda a pesar de que su cliente no está entre los imputados escuchados pues nunca entró en la cárcel.

En el Poder Judicial, el órgano que debe decidir en breve sobre su suspensión cautelar, no cae bien, «pero es que ni siquiera a los teóricos progresistas», explican fuentes judiciales. Y el juez lo sabe. Hasta el punto de que ha recusado a su ex compañera en el Gobierno socialista, Margarita Robles, integrante de la progresista Jueces Para la Democracia (JpD), por «enemistad manifiesta». Una animadversión que ésta última, que hrenunciado a participar en las deliberaciones sobre el instructor, ha negado. Se da la circunstancia de que la vocal, que ocupó el número dos de Interior cuando Garzón aspiraba a ese puesto cuando dejó momentáneamente la judicatura, es amiga y compañera de Varela en JpD.

Pero el propio Garzón es consciente de que Robles no es el mayor problema en ese Consejo. Él mismo ha recusado a otros dos vocales, Gemma Gallego -la juez del ácido bórico que dio la vuelta como a un calcetín a su investigación sobre los informes de los peritos del 11-M- y Fernando De Rosa -miembro del Gobierno de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2008 y amigo de Francisco Camps-.

Ni siquiera en casa

Frente a tanta «enemistad manifiesta» Garzón apenas puede presumir de «amigos manifiestos». Ni siquiera en su casa, en la Audiencia Nacional, nadie, aparte de sus tres compañeros de vermut, está dispuesto a poner la mano en el fuego por él. Los pocos que no le critican, tampoco le aman. El presidente del tribunal de la calle Génova, Ángel Juanes, al que el instructor disputó la plaza hace un año, ya ha dicho varias veces que no es partidario de los jueces estrella, aunque nunca ha citado nombres.

Garzón también disputó el puesto al actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, a quien poca gente imagina salvando la cara a su rival. Menos aún después de que recurriera, sin éxito, ante el CGPJ su designación como presidente. Los dos magistrados, además, protagonizaron sonados enfrentamientos durante la instrucción del sumario del franquismo, él último de ellos cuando Gómez Bermúdez ordenó paralizar las exhumaciones que acaba de autorizar Garzón.

El Gobierno, encima, ha contribuido a echar más sal en la herida abierta en el mundo judicial. La cerrada defensa de Garzón que han hecho José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, Alfredo Pérez Rubalcaba o, incluso, Francisco Caamaño ha sentado «mal, muy mal» entre las altas esferas de la judicatura, que han interpretado esas palabras como un ataque a su independencia. Un malestar que ha llegado al punto de que el Consejo hizo público el pasado lunes un inédito comunicado oficial exigiendo respeto a los responsables políticos, aunque matizara después.

«Los únicos defensores de Garzón a día de hoy están en el Gobierno, pero con el favor que les han hecho con sus declaraciones. ¿quién necesita enemigos?», se preguntaban con indisimulada sorna el pasado jueves por la mañana dos de los protagonistas de este culebrón judicial mientras apuraban sendas coca-colas 'light' en uno de esos bares de la plaza Villa de París.