![](/cadiz/prensa/noticias/201003/14/fotos/1906410.jpg)
El Código Penal, con acento gaditano
Como asesor de Justicia, Núñez forma parte del equipo redactor del anteproyecto aprobado en el Congreso, que incluye nuevos delitos y aumenta las penas Ángel Núñez, ex fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, ha participado en la reforma de la normativa
CÁDIZ. Actualizado: GuardarEl Ministerio de Justicia ha adquirido acento gaditano desde que el año pasado el ministro Francisco Caamaño (vinculado con Cádiz a través del Bicentenario) comenzara a fichar en esta provincia a sus principales asesores en la nueva política judicial, que planea remodelar el sistema judicial para hacerla más ágil y eficaz. Ángel Núñez, fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, fue el tercer gaditano convocado por el ministro a participar en esta reforma integral de la Justicia, tras nombrar como secretario de Estado a Juan Carlos Campo (magistrado de la Audiencia de Cádiz), y como director general del plan de modernización de la Justicia, al letrado gaditano José de la Mata Amaya. «Es un momento de muchas transformaciones y poder estar ahí es un lujo», explicaba a LA VOZ este viernes, momentos antes de ser entrevistado en el programa Protagonistas de Punto Radio Cádiz junto a Juan Carlos Campo.
La reconocida labor de Núñez en la Fiscalía gaditana, que le valió la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, ha sido fundamental en su nueva andadura en el Ministerio, donde ha desarrollado una labor eminentemente legislativa, como asesor en diversos proyectos de ley iniciados por el Gobierno de Zapatero. Entre otros, ha participado en el futuro estatuto de la carrera fiscal o el anteproyecto de la polémica 'Ley Sinde' contra la piratería de propiedad intelectual. «Polémica, pero a nuestro juicio totalmente respetuosa», matiza Núñez, que sin meterse en terrenos pantanosos recuerda «no va a haber cierre ni suspensión de contenidos en Internet, sin previa autorización judicial».
Aunque, su intervención más destacada se vincula sobre todo al nuevo Código Penal, cuyo anteproyecto fue aprobado esta semana en el Congreso y en cuyo equipo de redacción ha participado de forma determinante. «Se trata de una de las reformas más importantes del Código Penal, porque introduce figuras delictivas que nunca habían existido, como la trata de seres humanos, los fraudes deportivos o el acoso inmobiliario, algo que en Cádiz es trascendente: lo que aquí se llamaban 'asustaviejas' van a recibir una tipificación específica y contará con penas de cárcel».
Contra el urbanismo ilegal
El acento gaditano, o más bien el acento de Núñez, se deja notar en muchas de las novedades introducidas en la nueva normativa penal, por ejemplo, en cuestión de delitos urbanísticos. Núñez batalló durante años contra este tipo de crímenes, que ha proliferado por la costa gaditana, desde su puesto como fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, defendiendo medidas estrictas que ahora se han introducido en el nuevo Código negro sobre blanco. «Se amplían, por ejemplo las conductas en delitos urbanísticos, se incrementan las penas y en el caso de la prevaricación, que llevan a cabo los ayuntamientos y otras administraciones, se considera delito la omisión de inspecciones o no intervenir se aprecian infracciones», continúa Núñez, que explica cómo ahora ha batallado «desde el otro lado».
El narcotráfico organizado, otro de los males endémicos de la provincia de Cádiz, también ha contado con destacadas novedades en la nueva ley penal, en la cual la experiencia de Cádiz en cuestión policial y política ha tenido mucho que ver. No en vano, al ser la provincia con mayor entrada de droga procedente de Marruecos, también es la que cuenta con más jurisprudencia en la materia. Entre las novedades destaca, por supuesto, el incremento de las penas para las bandas de narcotráfico. Aunque Núñez habla de «reajuste» y no aumento, ya que también «se flexibilizará por abajo el castigo en los casos de pequeña entidad», como los camellos dedicados al trapicheo, «para posibilitar su rehabilitación». Se golpea con dureza, eso sí, a las organizaciones criminales que a veces se enfrentaban a penas ridículas y desequilibradas, a veces de no más de cuatro años de cárcel. Ahora, en cambio, «cuando se trate de organizaciones, las penas serán al menos de diez años de prisión».
El aumento de penas o la inclusión de figuras como la libertad vigilada (para presos peligrosos) han llevado al anteproyecto del nuevo Código a ser criticado por algunos partidos de la oposición por su «dureza», aunque Núñez lo matiza: «Es proporcionado».