El Consistorio pretende derribar el cuartel de Olvera porque «está en ruinas»

El Ayuntamiento de Olvera comunicó, ayer, al Ministerio del Interior la apertura del expediente legal de declaración de ruinas del acuartelamiento que la Guardia Civil tiene en la localidad.

El mismo se basa en un informe elaborado por el Servicio de Asistencia a los Municipios (SAM) de la Diputación provincial que corrobora la situación de peligro de derrumbe en la que se encuentra la parte trasera del inmueble y el mal estado de la zona de oficinas, aunque ésta última será objeto de un nuevo informe sobre su situación.

El deterioro que ha sufrido esta instalación en la última década, según fuentes municipales, es lo que ha propiciado a que el Ayuntamiento tome esta decisión y que plantee, como única solución posible, el derribo del inmueble.

Además, obligó en 2008 al desalojo definitivo de los agentes que vivían en el mismo, por lo que actualmente sólo se utiliza para prestar servicio. El informe que se ha enviado al Ministerio detalla la situación en la que se encuentra, con grietas en algunas de las estancias y algunos espacios apuntalados, ofreciéndole un plazo de quince días para que se presenten las alegaciones oportunas. Una vez que se cumpla dicho plazo, las opciones que se plantean es la demolición subsidiaria por parte del Ayuntamiento, lo que se considera más probable; que se ejecuten obras para solventar la situación, algo que se ve desde el Consistorio como complicado dado el estado de abandono en el que se encuentra; y la LOUA establece otra posibilidad aunque muy remota, que es la venta del inmueble.

Antes de que se produzca esta comunicación, el Ministerio informó al Ayuntamiento de que entre 2011 y 2012 se llevaría a cabo la redacción del proyecto del nuevo cuartel y que entre 2013 y 2014 se ejecutaría la obra, según fuentes municipales. No obstante, dicha actuación se plantea en el actual solar de 1.100 metros cuadrados en lugar de optar por los 875 metros que quiere cederle el Ayuntamiento junto al Instituto Peñón de Zaframagón. Este desencuentro se produjo con el cambio de legislatura municipal, al no estar de acuerdo el nuevo equipo de Gobierno de Izquierda Unida con un protocolo que se firmó cuando gobernaba el PSOE. El mismo establecía que el Ayuntamiento cedía la citada parcela, elaboraba el proyecto y además debía construir el nuevo cuartel. A cambio, disponía del solar para que empresarios promovieran viviendas de renta libre y, en definitiva, ellos asumieran los costes del nuevo cuartel.