¿Ordenanzas a la fuerza?

Para algunos se hace a la fuerza. Para otros, con toda la razón y legitimidad del mundo. El Ayuntamiento de Chiclana aprobará hoy, salvo sorpresa mayúscula, la Ordenanza Reguladora de las AGB, o lo que es lo mismo, el documento marco legal que permitirá poner en marcha el proceso para legalizar más de 15.000 viviendas sin licencia repartidas por todo el extrarradio chiclanero.

Esta aprobación vendrá de la mano de un pleno extraordinario convocado para las 8 de la mañana, que contará con todos los alicientes de las grandes citas, es decir, polémica, protestas en la calle, un agrio debate con argumentos a favor y en contra del proceso y las formas elegidas para iniciarlo.

La cuestión a tratar no es baladí para Chiclana. Amén del montante económico, que podría mover la acometida de servicios básicos y trámites administrativos en los próximos años -se estima en casi 600 millones de euros-, el proceso de regularización de viviendas sin licencia nacerá hoy predestinado a «hacer ciudad» según Urbanismo, pero lastrado por «su injusticia y elevados costes», según la Plataforma que aglutina a los propietarios afectados.

Pase lo que pase, hoy será una fecha histórica. Con un Plan General cogido con alfileres y un movimiento social contrario a esta Ordenanza, el Ayuntamiento está decidido a 'tomar por los cuernos' un problema social gestado durante los últimos veinte años. Y, por si fuera poco, de lo que ocurra en la localidad, a partir de ahora, estarán muy pendientes otros municipios andaluces con problemas de edificación descontrolada similares.

A la sesión plenaria está previsto que acuda un grupo numeroso de propietarios para expresar su rechazo a la Ordenanza. Cabe destacar también la presencia de miembros de la Plataforma Chiclana Justa, un movimiento favorable a que se ponga en marcha, cuanto antes, la legalización de viviendas sin licencia y que pide que «paguen quienes disfrutarán de servicios y en su día no lo hicieron».