El regadío ahoga a los agricultores

Cuando en abril de 2003 el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, colocó la primera piedra de las obras de modernización de los regadíos de la zona de Guadalcacín, nada hacía sospechar que este proyecto, que era una de las actuaciones estrella del Plan Nacional de Regadíos y uno de los principales puntales para la proyección de la agricultura de la provincia de Cádiz, pudiera tener algo más que ventajas para los 2.412 regantes que iban a beneficiarse de él y que, por tanto, costearían los trabajos.

Sin embargo, tal como denunció ayer la organización agraria COAG Cádiz, siete años después las mejoras en las más de 12.000 hectáreas de riego -que se extienden por buena parte de las pedanías jerezanas hasta Arcos- se han convertido en un «lastre» para los colonos de la zona que «no pueden asumir el coste de las cuotas que les han empezado a llegar y que son astronómicas por culpa de la mala gestión de este proyecto por parte de los dirigentes de la comunidad de regantes», afirmó Miguel Pérez, líder del sindicato agrario.

En concreto, las cuotas que les han empezado a llegar por carta a los más de 2.000 colonos de estas tierras de regadío para empezar a pagar la amortización de los préstamos suponen una media de unos 600 euros por hectárea al año, cuando el pago tradicional de los últimos tiempos era de alrededor de 180 euros al año. «Eso les deja en la ruina, hace inviable cualquier cultivo e incluso está provocando ya el abandono de los que tenían arrendadas parcelas en esta zona», destacó ayer Pérez.

Para el secretario general de la COAG, que ayer denunció los hechos acompañado por varios afectados, el coste final que han tenido las faraónicas obras de modernización del sistema de riego, cuya ejecución se alargó hasta 2008, «son una hipoteca que pone en jaque no sólo el presente de los agricultores en uno de los peores momentos posibles, sino también el de sus herederos, porque el plazo que tienen los colonos para pagar la deuda y devolver el dinero que adelantó el Estado para las obras es de 50 años».

Hay que recordar que cuando el Ministerio de Agricultura aprobó estas obras que iban a ser costeadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y que ejecutó la empresa Sacyr, el presupuesto era de 53,9 millones de euros. Dos años después, en agosto de 2005, el propio Gobierno central aprobó la modificación del proyecto inicial, cuyo coste subió a 60,1 millones de euros. Con el paso de los años y el alargamiento de los plazos -las obras debían haber estado listas en 2006-, los trabajos fueron sumando céntimos hasta alcanzar los casi 80 millones que se deben en la actualidad y que, según COAG, «aún pueden ser más porque hay un pleito entre Seiasa y Sacyr por otros 30 millones».

Ante este panorama, Pérez criticó ayer duramente la «negligente» y «muy reprochable» gestión de la comunidad de regantes del Guadalcacín, a cuyos dirigentes acusó de «haber aumentado el presupuesto sin dar explicaciones», así como de «haber sobredimensionado la obra respecto a las necesidades de la zona». «Se empeñaron en que tuviéramos un Mercedes, y ahora está ahí, aparcado en la puerta, pero sin que le podamos echar gasolina para que funcione», recriminó el líder de COAG Cádiz, que también pidió explicaciones a Seiasa, que es el organismo público que llevó a cabo los trabajos.

Pérez llegó a acusar ayer a la junta de gobierno de la comunidad de haber «malgastado» fondos, como cuando usaron el dinero que les dio la Junta de Andalucía para costear el 20% del proyecto para «aumentar el presupuesto y la envergadura de la obra, y no para reducir los costes finales».

Por estos motivos, y hasta que se aclaren las cosas, desde COAG han pedido a los agricultores que no paguen estas cuotas, han exigido la dimisión de los dirigentes de la comunidad y dejaron claro que no descarta iniciar «acciones judiciales». Además, van a mantener reuniones con todos los afectados para explicarles la grave situación actual.