El Gobierno pide a Cuba ayuda en la investigación sobre ETA y las FARC

El Gobierno ha pedido a Cuba que ayude al juez Eloy Velasco en la investigación sobre las presuntas conexiones entre ETA y las FARC ante la sospecha de que alguno de los seis etarras procesados por estos hechos han residido o residen todavía en la isla caribeña.

El Ministerio de Asuntos Exteriores hizo llegar a las autoridades cubanas el auto de la Audiencia Nacional poco después de haber hecho lo mismo con el Gobierno de Venezuela. En el escrito, el magistrado sospecha que Caracas pudo «cooperar» con ambos grupos terroristas para facilitar los contactos y entrenamientos conjuntos en la selva fronteriza con Colombia.

Tanto el presidente del Gobierno como el ministro Miguel Ángel Moratinos comprometieron ayer en el Congreso la «plena colaboración» del Ejecutivo con Velasco para que pueda continuar las pesquisas y trámites en ambos países.

José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que su gabinete «no permitirá ni un espacio (en el mundo) de apoyo y comprensión al terrorismo de ETA» para lo que buscará ampliar la cooperación contra la banda. Moratinos informó que «ha exigido a los embajadores españoles (en ambos países) plenas actuaciones para lograr la cooperación de las autoridades» con la Audiencia Nacional.

Asuntos Exteriores va a pedir a Velasco que aclare algunos puntos de su auto para poner en marcha las gestiones necesarias para encausar a los seis imputados de ETA, también lo están siete miembros de las FARC. Los abogados del Ministerio no tienen claro si el juez quiere que los embajadores tramiten el desplazamiento de comisiones rogatorias judiciales a estos países para la recopilación de pruebas, si reclama ya la entrega de órdenes de detención y extradición a España de todos o alguno de los procesados, o si persigue que se apliquen las dos medidas.

Segundo asalto

Mientras la diplomacia activa los cauces oficiales de auxilio judicial en Venezuela y Cuba, el Gobierno y el PP aprovecharon la sesión de control de ayer para un nuevo duelo parlamentario por sus diferencias sobre cómo tiene que ser la política respecto a estos países.

Mariano Rajoy está convencido que los dos estados se ríen de las reclamaciones españolas y tienen reacciones «inadmisibles e impropias» debido a la respuesta «confusa y contradictoria» que el Gobierno da a sus desplantes, descalificaciones e insultos. Con respecto a Venezuela, exigió la entrega al embajador en España de una nota con «la más enérgica protesta» del Ejecutivo por las descalificaciones de Hugo Chávez y sus ministros al juez Velasco, a José María Aznar y a las autoridades españolas. Cree que el Gobierno debe dejar claro que «insultar a España no sale gratis».

En lo tocante a la «dictadura cubana», el líder popular reclamó a Zapatero una rectificación total. Debe invitar, como hacía el Gobierno de Aznar, a los disidentes cubanos a la «fiesta nacional española» (12 de octubre) que se celebra en la embajada, impulsar que el Congreso reclame la liberación de los presos políticos, que Cruz Roja visite las cárceles, y abandone la idea de cambiar la posición de bloqueo de relaciones, la llamada 'Posición Común', que la Unión Europea mantiene desde 1996 hacia la isla.

El presidente del Gobierno pidió a Rajoy que cese en las críticas partidistas, que mantenga una posición «constructiva y razonable» y que apoye al Ejecutivo en sus relaciones con Cuba y Venezuela por tratarse de «temas de Estado» y de lucha contra el terrorismo. Ofreció al líder opositor pactar una postura para reivindicar los derechos humanos y la liberación de presos de conciencia en la isla, pero ignoró su lista de exigencias previas. «Puede pedir lo que quiera, pero antes de pedir, para hacer una política compartida de Estado, hay que compartir y hay que escuchar», contestó.