Reabren los prostíbulos de los Galán

Esta mañana han levantado el precinto de dos de los prostíbulos que la familia Galán tiene en la provincia de Cádiz. Concretamente, se trata de La Hacienda en El Puerto y el Hotel Aloha en Jerez.

En la tarde de ayer, la jueza dictaba un auto que supuso un segundo soplo de aire para la familia, que puede a partir de hoy retomar sus negocios. Si bien, la decisión de la instructora del 'caso Toscana' no está exenta de reproches hacia las actividades de los Galán. Además entre líneas manda un aviso directo a las administraciones que les han concedido las licencias de apertura de unos locales que constan como hoteles, cuando a nadie se le escapa, ni los propios implicados lo esconden, a qué se dedican realmente.

La resolución de la jueza, que tiene su origen en la petición expresa de la Fiscalía, se fundamenta en que ha desaparecido el riesgo de que la actividad delictiva que supuestamente se estaba desarrollando en los seis clubes -cinco en Cádiz y uno en Estepona- continuara con su reapertura. Ahora bien, haciendo referencia al escrito de la Fiscalía, la jueza advierte a las administraciones competentes que los establecimientos de los Galán son «lugares de ejercicio de la prostitución, al margen de la actividad de hostelería para la que, en principio, se encuentran autorizados, según las licencias administrativas de las que disponen», indica el citado auto al que ha tenido acceso LA VOZ. La explotación de una licencia para otros fines ha sido comunicado a las autoridades administrativas -ayuntamientos y Junta- «en orden a desplegar los mecanismos de control que le competen».

La triquiñuela de enmascarar la prostitución detrás de una actividad regulada como el hospedaje es el recurso que utilizan los empresarios del negocio del sexo para poder levantar sus establecimientos. Y los Galán no han sido una excepción, aunque eran pocos los que creían que locales como el Garum o La Hacienda eran hoteles al uso.

La maniobra de Juan Pedro

En el auto también se menciona cómo el torero Juan Pedro Galán y su antiguo mozo de espadas, José Luis Torres, quien consta como administrador de las empresas que explotan los establecimientos, diseñaron una maniobra «para aparentar el hospedaje de clientes masculinos en los locales». Esta consistía en remitir las fichas de los clientes junto a una fotocopia de su DNI a la Policía como hacen los hoteles ordinarios para verificar la identidad de sus huéspedes. Pero en el caso de la cadena Galantería, esos supuestos clientes eran los que mantenían relaciones sexuales con las prostitutas. Con ello buscaban «impedir la descalificación administrativa».