El apoyo a Garzón enfrenta al Poder Judicial y al Ejecutivo

La triple imputación de Baltasar Garzón ante el Supremo y la defensa del juez por parte del Gobierno llevan camino de provocar una crisis institucional sin precedentes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. El Consejo General del Poder Judicial, en un gesto inédito, hizo ayer pública una apresurada declaración en la que, sin citar a nadie expresamente, exigió «serenidad» y el «máximo respeto» al Ejecutivo. La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, fue aún más allá y advirtió a José Luis Rodríguez Zapatero de que sus alabanzas al magistrado imputado no van a «influir» en el alto tribunal.

El Consejo también salió al paso para respaldar el trabajo del juez Eloy Velasco en su sumario sobre ETA y Venezuela tras los ataques por parte del Ejecutivo de Hugo Chávez.

El Consejo del Poder Judicial había decidido en un principio responder con el silencio a las palabras de aliento al juez y a las críticas a sus procesamientos por parte de destacados miembros del Gobierno y del PSOE como Alfredo Pérez Rubalcaba, José Antonio Griñán, Leire Pajín o Gaspar Zarrías. Los vocales, incluso, iban a dejar pasar los comentarios del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien calificó de «extravagante» que el Supremo haya permitido a Francisco Correa convertirse en acusación contra Garzón en el caso de las escuchas de 'Gürtel', y las declaraciones del titular de Fomento, José Blanco, en las que aseguraba que «algo falla» en alto tribunal en este caso.

Pero las palabras del presidente del Gobierno en Granada el domingo en defensa del juez imputado en el Tribunal Supremo y su «valentía» frente al terrorismo de ETA fueron la gota que colmó el vaso de la institución.

Fue entonces cuando el Consejo General del Poder Judicial cambió de opinión y decidió no esperar ni a la reunión semanal de la Comisión Permanente de los martes ni a la quincenal del Pleno para hacer patente su enfado. Bravo, que fue la encargada de leer la inesperada declaración desde Valencia, donde asistía a un acto oficial, explicó que el gobierno de la judicatura respeta «plenamente» la opinión del jefe del Ejecutivo, «como las de todos los ciudadanos», pero quiso dejar claro el malestar que sus comentarios han provocado en el Poder Judicial.

«Ni sus palabras ni las de nadie van a influir en la legítima labor jurisdiccional que desempeña el más alto tribunal, el Tribunal Supremo», apostilló, rotundamente, la portavoz.

Ni el comunicado ni Bravo citaron a José Blanco y a Francisco Caamaño por su nombre, aunque sus palabras -sobre todo, las de este último- han levantado incluso más ampollas en el mundo judicial que las controvertidas declaraciones del presidente. Sí hubo, sin embargo, veladas alusiones a ambos ministros. La portavoz dijo «entender y respetar» que los políticos puedan criticar las resoluciones judiciales, pero advirtió de que esos comentarios se tornan «intolerables» cuando «van más allá de ese legítimo derecho a la libertad de expresión» y se convierten en un «ataque a instituciones tan básicas como el Poder Judicial».

«Desconfianza»

En su declaración institucional, el Consejo «exigió el máximo respeto hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales». El órgano de gobierno de la magistratura recordó al Ejecutivo de Zapatero que «el desarrollo de la función judicial precisa de un clima sereno» que es «difícilmente compatible» con declaraciones que producen «un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los jueces» y que provocan la «desconfianza en un poder básico del Estado».

La portavoz señaló que es «indispensable» que los comentarios de «responsables políticos» sobre actuaciones judiciales se realicen desde el «máximo respeto institucional que debe presidir las relaciones entre los poderes públicos» y, sobre todo, «sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso», lo que, insinúa el Consejo, estaría tratando de hacer el Gobierno con sus declaraciones

Gabriela Bravo abundó en la separación de poderes para recordar que desde la instauración de la democracia en España, el Poder Judicial está formado por jueces y magistrados que «actúan con máximo rigor desde su plena independencia, aplicando siempre el principio de legalidad».

Venezuela

El Consejo tampoco se olvidó de las críticas llegadas desde la otra orilla del Atlántico e hizo extensiva la petición de respeto a la independencia de los jueces a los gobernantes de Venezuela porque la consideración a la judicatura tiene que ser «internacional». Se refería a los ataques del Gobierno de Caracas al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, después de que éste asegurara la pasada semana tener indicios de la «cooperación» entre ETA y Venezuela.

Las palabras del ministro de Exteriores bolivariano, Nicolás Maduro, quien vinculó a Velasco con la «mafia» de José María Aznar y con el franquismo, fueron respondidas por Bravo. La portavoz dijo «rechazar» esas críticas, que «exceden la libertad de expresión y que constituyen ataques no solamente a las personas, a los titulares del Poder Judicial, sino a la esencia de la institución en sí».

Reiteró que el Consejo «respeta la libertad de expresión» de la autoridades venezolanas, «pero todo lo que exceda de ese ejercicio tan sano para el funcionamiento de un sistema democrático, como es la crítica a las resoluciones judiciales, perjudica gravemente el Estado de Derecho». Bravo, además, aseguró que no veía ningún problema legal en el hecho de que Velasco investigue ahora los vínculos entre ETA y las FARC, cuando hace diez años, como director general de Justicia de la Generalitat Valenciana, invitara a un destacado miembro de esa misma organización terrorista colombiana a un acto de carácter público.