Salarios, impuestos y paridad de la moneda

Los tres conceptos inciden en la renta disponible de los operadores económicos. Son determinantes de las posibilidades de consumo, de ahorro y de inversión de las familias y las empresas. Las posibilidades de incidir por los poderes políticos nacionales son distintos en unos y otros cuando no imposibles. La capacidad y la legitimidad de influir por la Administración en las dos primeras son indubitadas, si bien el Estado ha perdido competencias soberanas en la determinación del tipo de cambio, en beneficio de la Unión Europea y más concretamente del Banco Central Europeo. Todo ello tiene consecuencias importantes en la toma de decisiones nacionales en el intento de encauzar adecuadamente la economía española.

Es evidente y ya nadie lo duda, incluido el presidente del Gobierno, que la economía española necesita un ajuste. Sin él, la solución no será posible. Pero, siendo la finalidad más perentoria la creación de empleo, las distintas alternativas que se presentan, no sólo son distintas, sino que presentan un distinto grado de aceptación-rechazo, que no están claramente fundamentadas. Las hipótesis de partida son las tres variables que se relacionan directamente con la renta disponible de los ciudadanos. Nadie duda de haber vivido una situación ilusoria durante años que no se ajustaba a la realidad. Su consecuencia más inmediata era la de una renta disponible que no se ajustaba a la situación de equilibrio de una economía que se sustentaba artificialmente en la propia dinámica de un crecimiento desordenado, desequilibrado e inconsistente. Durante los años 1998 a 2007 crecimos impulsados por los efectos de las cuatro devaluaciones de la época del presidente González y por la drástica reducción de tipos de interés. Ello supuso un cambio de tendencia radical con la situación económica pretérita al año 1996. Se creó riqueza, se acumuló capital (sobre todo capital no productivo, como es la inversión en vivienda) y todo ello posibilitó la generación de empleo, pasando de tasas de desempleo del 23,5% como herencia palpable y fehaciente del último gobierno de Felipe González a tasas del 12% cuando se marcha el presidente Aznar. La paridad de la moneda ya no es competencia nacional de ninguno de los países de la zona euro. El primer mandatario socialista llevó a cabo cuatro devaluaciones entre los años 1992 y 1995. El desequilibrio externo había alcanzado tal proporción que el gobierno optó por el recurso más fácil y menos contestado desde dentro, la devaluación de la moneda. En el fondo es uno de los mecanismos de equilibrar la economía incidiendo directamente en la renta disponible de los ciudadanos. La devaluación, depreciación o disminución del valor de una moneda viene medida por la cantidad de divisas que se pueden comprar con ella. La consecuencia inmediata es que los productos exteriores se encarecen. Hay que emplear más dinero para comprar el mismo bien. El consumidor nacional tiene que hacer un mayor esfuerzo para su compra. Su renta disponible disminuye. La política fiscal, sigue siendo competencia nacional a pesar de nuestra incorporación a la UE. Ésta exige no obstante la trasposición a la legislación nacional de normas europeas para su homogeneización, con la finalidad primordial de que no supongan interferencias en el mercado común. Los dos instrumentos fundamentales que comportan esta política son el Gasto Público y el sistema impositivo. En este contexto, el gobierno ha venido optando por el incremento desmesurado, casi suicida del gasto público y ahora se ve obligado al incremento contraproducente del nivel de tributación, a través del incremento del tipo impositivo del IVA. El incremento del impuesto, restringirá el gasto del consumidor, desplazando la curva de la demanda agregada hacia la izquierda. La consecuencia inmediata es la reducción de la renta disponible, ya que el ciudadano va a percibir un incremento en los precios de los productos para un salario determinado. Es curioso que es junto con la técnica de la devaluación de la moneda, las dos opciones habitualmente defendidas por la izquierda y también por los sindicatos como mecanismo de equilibrar la economía.

La política salarial es la tercera vía. El Estado puede actuar directamente sobre ella en lo que respecta al sueldo de los empleados públicos. Estos aparecen cuantificados anualmente en la Ley General de Presupuestos del Estado. Por lo tanto es competencia exclusiva de los poderes públicos fijar la masa salarial global del colectivo. Sí esto se hubiera dispuesto en la Ley Presupuestaria para 2010, el acuerdo salarial para desbloquear la negociación colectiva entre sindicatos y patronal no se hubiera producido en los términos expuestos en el mismo. Ésta opción, supone al igual que las otras dos disminución de la renta disponible. Sin embargo no es asumible por el gobierno de izquierdas que tenemos y hubiese promovido una importante revuelta sindical. ¿Por qué, si el efecto último es el mismo que en los otros dos? Razones sin fundamento alguno económico llevan a tomar ese tipo de decisiones. Con seguridad ésta última hubiera sido la opción más acertada y más neutral para la economía, habiendo incidido en positivo de forma directa en los dos componentes fundamentales que restan posibilidades a la economía española para generar empleo que son la productividad del factor trabajo y la competitividad de las empresas. ZP reconoció por fin a mediados de febrero del presente año en el Congreso de los Diputados «la gravísima crisis económica». Menos es nada, ya que sin diagnóstico certero, imposibilidad de tomar decisiones acertadas. Lo digo porque en cuestiones económicas ha quedado demostrada la ignorancia del presidente. Ahora apuestan por el incremento del IVA. El derecho financiero y tributario no es lo fuerte del insigne mandatario. Ya confundió los conceptos de «regresividad fiscal» y «progresividad fiscal». Lógicamente él se apuntó al de progresividad como no podía ser de otra forma, pero una vez más la Ley de Murphy se puso en práctica y el vaticinio fue el erróneo. Ese mismo día y a esa misma hora, Jordi Sevilla intentó suavizar el patinazo espetándole a que eso se aprende en dos tardes. Pero no se puede esperar más de quién equiparó progresividad fiscal con el contenido de su única política económica posible, consistente en el aumento del gasto público como panacea en defensa de los más débiles.