El juez de menores de Jerez alerta de un rebrote del machismo entre las adolescentes

El juez de menores de Jerez, José Miguel Martínez, advirtió ayer de un rebrote de machismo entre las menores de edades aproximadas a los 15 y 16 años, así como un aumento del maltrato hacia los padres, fundamentalmente de las niñas a las madres, además «por motivos sin consideración».

El magistrado, que concedió una entrevista a partir de su participación, esta semana pasada en Córdoba, en un encuentro sobre la perspectiva jurídica y social de los menores del siglo XXI, explicó que existen grupos de niñas que actúan pegándole una paliza a otra, por lo que «están ocupando el sitio del macho, asumiendo así el papel del liderazgo de un grupo con prácticas que han sido siempre de los hombres».

Desde su punto de vista, el problema está en que no se hace nada en las edades primeras y hay que difundir valores, siendo uno básico el de «asumir cada uno su género, desempeñar el papel que le corresponde y no ocupar el del otro». Por ello, opina que «la verdadera razón de estas cuestiones es el poder», teniendo en cuenta que ahora «las mujeres están ganando terreno y los hombres se resisten a dejar de ser el que manda».

De igual modo, apuntó que la violencia en el ámbito familiar «es cada vez más frecuente» y un delito progresivo en cuanto a la gravedad en los hechos porque, por ejemplo, «de la torta se ha pasado al cuchillo». «Estamos en una escala ascendente -aseveró- y estamos avisando de este hecho, por lo que es necesario tomar medidas en las familias y en el colegio». Al respecto, consideró que «no se puede estar negando que existe acoso escolar», como se está negando deliberadamente, ya que los centros tratan de ocultarlo y no se quiere abordar el problema porque «no interesa».

Conflictos con inmigrantes

Además un problema que se está dando mucho, especialmente en la provincia de Cádiz, son los conflictos ocasionados con los menores inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos que son llevados a un centro de protección para chicos desamparados.

Según explicó el magistrado, estos niños no están acostumbrados a que una mujer les ordene, por lo que en muchas ocasiones llegan a insultar a la educadora. Y es que, por ejemplo, en el centro de Jerez Manuel de Falla, el 90 % procede de Marruecos y aterriza en estos centros abiertos en los que se le da dinero, que ellos utilizan para comprar pegamento y esnifar.

Martínez explicó que la plantilla de esas instalaciones tiene una formación para tratar con niños españoles que no han cometido ningún delito, mientras que «se están encontrando con jóvenes que se han atrevido a cruzar el Estrecho debajo de un camión o colgado en un barco», ante lo que no está preparada y ésa es la razón de que los conflictos sean continuos». En ese sentido, cuando tienen algún altercado con uno de estos trabajadores, él decide meterlos en un centro de reforma, a pesar de que se trata de hechos que si fueran cometidos por un español no actuaría así, pero hay que tener en cuenta que si los deja en libertad vigilada y los pone en la calle, «los echo al robo», aclaró.

No obstante, cuestionado por si cree necesario una rebaja de la edad penal, respondió que, si se quiere modificar, es necesario hablar del tema y hacer estudios, aunque subrayó que «la inmensa mayoría de los jueces y fiscales están de acuerdo en que ya es suficiente con los 14 años», ya que, por ejemplo, «si un niño de diez años comete una barbaridad, no es un delincuente, sino un irresponsable porque no sabe exactamente cuál es la trascendencia de lo que ha hecho».

En su opinión, «el problema de este país es que siempre se actúa sobre los resultados, nunca sobre las causas de los problemas» y la cuestión no es subir o no las penas porque eso es secundario. De este modo, tampoco considera que sea necesario una reforma de la Ley del Menor porque «es bastante buena, al margen de cuestiones técnicas concretas».

Martínez también mostró su preocupación por la participación de adolescentes en los medios de comunicación, algo que calificó de «lamentable» porque cada medio debe saber hasta dónde se puede hablar y no confundir la información con el cotilleo. Y sobre los padres que acuden a la televisión, como los de Marta del Castillo o Mariluz, señaló que «los familiares de las víctimas tienen derecho a que se les haga justicia, pero no «a la venganza, ni a dictar la política criminal de un país».