Los controladores llevan al Ministerio de Fomento ante la Audiencia Nacional

Los controladores aéreos han desvelado por fin su estrategia ante el decretazo del Gobierno, que dejaba en agua de borrajas su Convenio colectivo y modificaba sus condiciones de trabajo y salariales. El sindicato mayoritario del colectivo, el USCA, ha presentado ante la Audiencia Nacional una demanda de conflicto colectivo; un recurso legal que obligará a resolver el asunto de manera urgente y que, además, abre la puerta a una mediación o un laudo arbitral de obligado cumplimiento.

Lo habían insinuado y, finalmente, lo ha n hecho. Los vigilantes del cielo se aferran a la Constitución Española para reivindicar que la toma de poder de las torres de control por parte del ministro de Fomento, José Blanco, es inconstitucional. Algo que, por otra parte, niega en redondo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). La empresa recuerda que el 'decretazo' fue ampliamente respaldado por el Congreso de los Diputados, que aceptó tramitarlo, eso sí como proyecto de ley (susceptible de incorporar enmiendas), con tan sólo el rechazo de Izquierda Unida.

Según el USCA, que como su empresa ha contratado a un prestigioso bufete de abogados para afrontar la guerra que viven ambas partes, «el contenido del real decreto vulnera la Constitución e incumple la normativa laboral vigente». De hecho, la defensa de los controladores cree que el movimiento del Ejecutivo daña derechos fundamentales.

El sindicato entiende que el Gobierno ha pasado por encima de un convenio colectivo en vigor, y ésa es la palanca legal sobre la que tratará de vencer a José Blanco. Sin embargo, el 'hombre fuerte' del Gobierno tiene muy claro que los controladores no pueden mantener sus privilegios, y que Aena debe reducir su gasto en tasas de navegación para poder ser más competitiva y reactivar el turismo.

En busca de mediación

La elección del conflicto colectivo no es casual y abre un mundo de posibilidades. Se trata de una figura legal a disposición de sindicatos y empresas para los casos de «discrepancia por razones laborales entre empresarios y trabajadores, y que afecta a los intereses generales de estos últimos». Puede concretarse como conflicto colectivo de interpretación y aplicación de norma legal o convencional, decisión o práctica del empresario. Y también como conflicto de intereses, en el que se pretende la modificación o sustitución de norma reguladora aplicable.

El procedimiento es de urgencia, y en las 24 horas siguientes al día de la presentación, la autoridad laboral remitirá copia del mismo a la parte frente a la que se plantee el conflicto (Aena) y convocará a las partes a una reunión en tres días. En ese encuentro se intentará la avenencia entre controladores y empresa. Algo casi imposible. Las partes podrían también designar uno o varios árbitros que deberán dictar su laudo en cinco días. Si no hay acuerdo, la autoridad dictará un laudo de obligado cumplimiento.

Ese camino podría beneficiar a los controladores. Pues, a la vista de las condiciones del real decreto, una solución impuesta por tercera persona siempre podría ofrecer algo más de margen. No hay que olvidar que Fomento ha rebajado el salario de los vigilantes del cielo en unos 150.000 euros anuales de media y ha impuesto una jornada laboral y una organización mucho más rigurosa de la que planteaba el convenio colectivo. Una nota curiosa, la ley impide ejercer el derecho a la huelga a aquellos trabajadores que hayan planteado un conflicto colectivo. Con lo que, al menos, los aeropuertos españoles tienen garantizada la paz.