Problema de Justicia

La admisión por parte del Tribunal Supremo de la personación de Francisco Correa en la causa que se sigue contra Baltasar Garzón, por si éste hubiese incurrido en prevaricación al escuchar las comunicaciones de los abogados del 'caso Gürtel', añade un dato de especial significación a las tres querellas que pesan sobre el citado juez. La percepción de unas remuneraciones cuando menos extrañas durante su estancia en Nueva York, su discutida actuación para el esclarecimiento de los crímenes del franquismo y las mencionadas escuchas constituyen hechos de muy distinta naturaleza que encuentran un nexo común ante la opinión pública en la hiperactividad y la sobreexposición de Garzón. Además, el juego de simpatías y antipatías que despierta el juez de la Audiencia Nacional enturbia la discusión jurídica respecto a las cuestiones sobre las que versan las querellas. Bien sea porque las simpatías hacia Garzón presentan las acusaciones tramitadas por la vía judicial como si se tratase de un complot orquestado sin ningún fundamento legal, bien porque las voces que exteriorizan su antipatía hacia el juez dan por sentado que éste se mueve en lo ilícito. Es necesario distinguir las tres causas por las que Garzón ha sido denunciado para proceder a continuación a valorar los fundamentos jurídicos en los que se basa cada una de ellas. Es ésta una doble obligación con la que deben cumplir escrupulosamente los representantes públicos. Porque incluso la eventualidad de que el 'caso Gürtel' acabe tropezando ante una hipotética prevaricación en la orden dada para las escuchas sólo puede dilucidarse en el ámbito de la Justicia, por muy descorazonador que resulte para la opinión pública que Correa pueda querellarse contra Garzón. El panorama descrito es un reflejo más de la situación en la que se encuentra el poder judicial en España, puesto que a menudo las legítimas discrepancias entre tribunales parecen condicionadas por desencuentros de otro orden, y la distribución de tareas en una jurisdicción tan especial como la Audiencia Nacional parece responder en demasiadas ocasiones a la avidez de los jueces más activos. Claro que difícilmente podrán resolverse estas y otras cuestiones mientras el propio Consejo del Poder Judicial siga sujeto a criterios de interés político en su composición.