La crisis da alas a propuestas radicales para reformar el mercado laboral y las pensiones

Mientras el Gobierno dialoga con la oposición en busca de un consenso político para salir de la crisis, en paralelo, economistas adscritos a los servicios de estudios de instituciones privadas ofrecen sus recetas para reformar el mercado laboral o el sistema de pensiones. Los expertos enuncian propuestas cada vez más radicales en función de los intereses que defienden con la justificación de contribuir a un crecimiento equilibrado o a solventar los problemas que el descenso de la población ocupada y el envejecimiento puedan acarrear a la protección futura.

Ángel Laborda, director del gabinete de coyuntura y previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha pedido, lisa y llanamente, «poner patas arriba» el Estatuto de los Trabajadores, la abolición de la contratación temporal y la creación de un nuevo contrato único indefinido con una indemnización por despido improcedente que aumente de forma progresiva. Aunque tendría un punto de partida superior a los 8 días de los actuales contratos temporales, no llegaría en ningún caso al máximo vigente de 45 días por año del modelo indefinido ordinario.

«El Estatuto de los Trabajadores es muy rígido y nunca se adaptará a una economía moderna», aseveró. Abogó por reformar los procesos de negociación colectiva para adaptarlos a las circunstancias de las empresas; consideró 'nefasto' el sistema de fijación de salarios, porque su vinculación a la inflación española supone una pérdida de competitividad, e instó a la abolición de las autorizaciones administrativas que hoy se aplican a los expedientes de regulación de empleo.

Contrato único

Laborda instó la abolición del contrato temporal -salvo en determinadas actividades como los servicios turísticos de temporada- y su reemplazo por un nuevo contrato único de despido más barato, como fórmula de acabar con la actual dualidad del mercado laboral. También propuso un cambio drástico en las prestaciones de desempleo, que podrían ser inicialmente más elevadas -sugirió- pero extinguirse antes, para que los perceptores no se «aclimaten» a vivir del subsidio y se esfuercen al máximo para reincorporarse a la actividad.

Si Funcas está patrocinada por las cajas de ahorro, la Fundación para la Economía Aplicada (Fedea) nació de la inspiración del Banco de España, que animó a las mayores empresas españolas a crear un centro catalizador de estudios e investigaciones económicas susceptibles de un rápido traslado a la realidad cotidiana. Hoy, Fedea servirá otra vez de plataforma de lanzamiento a portavoces del 'grupo de los 100 economistas' que, si meses atrás defendieron el nuevo contrato único con despido creciente, ahora 'animan' al Gobierno para que no baje la guardia en la reforma de las pensiones.

En abril de 2009, el manifiesto de los 100 tuvo como firmante de lujo a José Manuel Campa, que poco después fue nombrado secretario de Estado de Economía. Ya no suscribe la nueva propuesta, pero ha estado al corriente de la iniciativa. Adelantan los 100 que su objetivo es garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, que a medio plazo sufrirá el fuerte impacto de la demografía. Si en los sesenta, el pensionista cobraba una media de diez años, la prolongación de la vida ha duplicado ese periodo y es de prever que en 2030 la etapa de jubilación supere los 24 años.

Consideran los autores que ya está superada la fase del Pacto de Toledo, que sirvió para realizar un diagnóstico, y piden que un equipo de técnicos independientes reemplace a los políticos.

Insisten en que el Gobierno no debe dar marcha atrás ni en las propuestas de las que todavía no se ha apeado -el alargamiento de la vida laboral de 65 a 67 años- ni en las que se quedaron en insinuación, como la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión.

El más llamativo de los objetivos propuestos consiste en la rebaja de la primera pensión percibida. En España equivale por término medio, en la actualidad, al 80% del último salario cobrado. Si las retribuciones suben -argumentan- un porcentaje inferior del sueldo supondrá una cuantía más elevada.