Dos nuevos testigos protegidos han declarado ante el juez

Al concluir los interrogatorios que desembocaron en el ingreso en prisión de parte de la familia Galán por supuesta explotación sexual, entre otros delitos, el juez dictó una providencia que se ha resuelto en tiempo récord. Pidió a la Guardia Civil que localizara a más testigos que declararan en contra de los imputados, como ya informara LA VOZ en ediciones pasadas, y en pocos días su ruego ha tenido respuesta. A finales de la semana pasada los agentes habían reunido varios nombres y hoy han delcarado, con la garantía de proteger su identidad, dos de ellos en el juzgado nº 5 de Chiclana.

Entre las personas que han testificado destaca un hombre que ha trabajado en los clubes precintados, el cual ha arrojado datos similares a los que aportó en su día una de las cuatro testigos protegidos que obran ya en el procedimiento que se está instruyendo. Esta mujer fue cocinera en uno de los establecimientos de la cadena hotelera Galantería -denominación comercial de la red de prostíbulos que tienen los Galán en la provincia de Cádiz y en Estepona-. El juez llegó a definir su testimonio de desgarrador y la defensa negaba la veracidad de sus afirmaciones, tildándolas de «burradas sin base alguna».

Esta testigo aseguró que las mujeres estaban sometidas a una régimen disciplinario, que se aplicaba a aquellas que no obedecían las órdenes de los responsables de los clubes.

La providencia dictada por el juez instructor busca dotar de mayor solidez las pruebas testificales que a día de hoy se pueden presentar contra la familia Galán y los trabajadores que han caído en la 'Operación Toscana'. Este periódico tuvo acceso a los cuestionarios que rellenaron las tres prostitutas que decidieron declarar contra sus jefes y ninguna de ellas reconoció haber sido forzada, maltratada o menospreciada. Sólo dejaban entrever que sí eran controladas a la hora de salir y entrar de los clubes y alguna aseguró que la red se quedaba con el 50% del dinero que obtenían de cada cliente.