Rojo pide que el Parlamento trabaje en enero y julio

El presidente del Senado, Javier Rojo, propuso ayer a los portavoces de los grupos de la Cámara Alta abrir un debate sobre la posibilidad de extender el trabajo parlamentario a enero y julio, que, como agosto, han sido, por mandato constitucional, meses inhábiles en el Parlamento durante todo el período democrático.

Rojo lanzó la propuesta de recortar las vacaciones parlamentarias a los representantes de los partidos durante la reunión de la Junta de Portavoces celebrada ayer y emplazó a todos los grupos, que en principio acogieron la idea con buena predisposición, a una reunión la próxima semana para analizar más a fondo el asunto y tomar decisiones.

La propuesta, que es un debate recurrente en el parlamentarismo español, de forma especial cuando cada cierto tiempo surgen críticas públicas a la escasa dedicación al cargo de diputados y senadores, se enfrenta a un problema importante, que es el hecho de que los períodos de sesiones de ambas cámaras están limitados por el texto constitucional. El artículo 73 de la Carta Magna indica que «las cámaras se reunirán anualmente en dos períodos de ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio».

Gravosa reforma

El debate exigirá sin duda la elaboración por los servicios jurídicos del Senado de un informe sobre la posibilidad de hallar una fórmula que permita desarrollar un trabajo parlamentario regular en enero y julio sin tener que recurrir a la gravosa, y más que improbable opción, de abordar una reforma constitucional para alterar los períodos de sesiones. Cualquier cambio de calado también debería contar con la aprobación del Gobierno, pues los ministros tendrían que readaptar sus agendas a la posibilidad de comparecencias fuera de los plazos habituales en el Parlamento.

Fuentes parlamentarias mostraron cierto escepticismo ante la posibilidad de que esta propuesta salga delante en los términos expresados por Rojo, debido a la limitación constitucional. De hecho, recuerdan que el mismo debate ya se vivió hace ahora un año en el Congreso a iniciativa del PP, cuando se encargó un informe jurídico al respecto a los letrados del Congreso del que no se ha vuelto a tener noticia. Gaspar Llamazares, de IU, comentó que, «hoy por hoy, creo que eso no es viable sin reformar la Constitución», cosa que no cree que vaya a ocurrir.

José Antonio Alonso, portavoz parlamentario del PSOE, señaló que su grupo, siempre que los límites constitucionales lo permitan, estaría «encantado» de «trabajar la mayor cantidad de mayor tiempo posible» en el Congreso y que estarían «decididamente a favor» de cualquier medida legal en este sentido.

El secretario general del grupo popular, José Luis Ayllón, aprovechó para recordar que el PP fue el último en proponer la extensión de los períodos de sesiones e indicó que, «en tiempos de crisis, la réplica a los ciudadanos tiene que ser más trabajo». No obstante, advirtió de que si se incorporan enero y julio al trabajo parlamentario tiene que ser con todas las consecuencias, es decir con la inclusión de sesiones de control al Gobierno.

Enero y julio no son meses lectivos, pero es frecuente que tanto el Congreso como el Senado mantengan cierta actividad, ya que se pueden celebrar diputaciones permanentes -el sustituto del pleno-, se realizan trabajos y comparecencias extraordinarias en comisión, y, en ocasiones, también se aprovecha para celebrar reuniones, seminarios o jornadas parlamentarias. Los grupos también destacaron que, aunque los ciudadanos no lo vean, en estos períodos de baja actividad en las cámaras se aprovecha para realizar trabajo de despacho y para que los diputados y senadores presten una especial atención a sus distritos electorales.