CEOE defiende un contrato juvenil sin derecho a paro y con bajo salario

Un nuevo contrato laboral para los menores de 30 años, sin derechos (paro, cotización social, etc.) y con baja retribución, incluso inferior al salario mínimo interprofesional (SMI) situado en 633 euros al mes, planea sobre los jóvenes. Esta nueva modalidad de empleo, que durará como mucho un año sin perspectivas de continuidad, ha sido puesta encima de la mesa de negociación de la reforma laboral por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), según desveló ayer su responsable de Relaciones Laborales, José de la Cavada.

CC OO y UGT confirmaron la petición de la patronal y expusieron su rechazo tajante. El secretario de Acción Sindical de la central socialista, Antonio Ferrer, lamentó «la indiscreción» de Cavada. «Nos habíamos comprometido a desarrollar las negociaciones en secreto, sin información a la prensa», explicó. En términos similares se expresó, la secretaria de Empleo de CC OO, Paloma López. Otras fuentes de UGT destacaron que uno de los objetivos de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que paralizó el país, fue precisamente la retirada de la figura del aprendiz, que deseaba recuperar el entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

Las declaraciones del dirigente de la CEOE tuvieron lugar en los pasillos del Congreso de los Diputados, después de que los agentes sociales intervinieran en la Comisión de Trabajo y expusieran a los grupos políticos su opinión sobre el sistema vigente de bonificaciones para impulsar el empleo. Todos, incluidas sus señorías, coincidieron en que los mecanismos actuales «están agotados».

Cavada y el portavoz de CEPYME, José Manuel Vilar Martínez, aseguraron que «la mejor bonificación» que se puede dar a los empresarios es «la reducción generalizada de cotizaciones a la Seguridad Social». «Es una manera de conseguir mayor competitividad para las compañías españolas».

Con anterioridad, el representante de la CEOE defendió, en la Comisión, de nuevo la instauración de otro contrato, compatible con el juvenil, con una indemnización por despido improcedente bastante inferior a los 45 días por año que conlleva el indefinido ordinario, y a los 33, del de fomento del empleo. El coste de la expulsión estaría vinculado a la antigüedad del trabajador. Esta medida ha sido planteada por el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en reiteradas ocasiones. Ayer Cavada hizo especial hincapié en la necesidad de adaptar la contratación de los menores de 30 años a las actuales circunstancias. En su opinión, se trata de una fórmula «para que los jóvenes dejen la calle», dijo.

Agencias privadas

En su comparecencia volvió a repetir el resto de propuestas reclamadas desde hace años por Díaz Ferrán, que imposibilitaron el entendimiento con Gobierno y sindicatos en julio de 2009. Entre ellas, figura la supresión de la autoridad administrativa para el despido colectivo, la lucha contra el absentismo y la regulación de las agencias privadas de contratación.

Ferrer y López propusieron que parte de las bonificaciones pase directamente a los trabajadores. La portavoz de Comisiones habló de «becas salario» para que el interesado se busque la formación oportuna. A su juicio convendría tener en cuenta los colectivos más necesitados y el tamaño de las empresas. Los dos sindicalistas abogaron por prestar atención a los jóvenes, a las mujeres víctimas de la violencia de género y a los parados de larga duración, grupo que no aparece en ninguna de las propuestas de la reforma laboral del Gobierno. López lamentó que los empresarios no recurran al contrato en prácticas, destinado a los jóvenes cualificados que han terminado sus estudios. «Prefieren utilizar a los becarios que no tienen relación laboral y suponen poco gasto», denunció.