Arenas insiste en que se considere autoridad pública al profesorado

El Partido Popular insiste en dotar de autoridad pública a los profesores, una de sus reivindicaciones en el debate sobre la reforma educativa tanto en Andalucía como en el ámbito nacional. El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer en un acto de su partido en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) la presentación de una ley en el Parlamento que reconozca la autoridad pública del profesorado para que se le dote de «una protección jurídica y una presunción de veracidad». La Cámara debatirá el jueves una propuesta del PP para una reforma educativa en la que incluye este punto.

Arenas justificó la iniciativa ante los problemas de convivencia en los centros escolares y la situación de temor que, en su opinión, viven los docentes. El dirigente popular echó mano de los datos recogidos en el Observatorio Andaluz para la Convivencia en las Aulas, en los que se denuncia que de cada sesenta minutos, los profesores tienen que dedicar quince a poner orden en las aulas. Según Arenas, en dicho informe se dice que entre 2008 y 2009 se produjeron en los centros andaluces 255.000 faltas de convivencia, 4.300 agresiones, 4.600 injurias y 40.000 faltas graves, en este último caso 14.000 más que entre 2004 y 2005 cuando se hizo el último estudio.

También anunció un estudio realizado por FETE-UGT, en el que se recoge que el 30% de los profesores tiene miedo a sufrir una agresión, que el 7,4% ha sido agredido y que el 32% reconoce que se ha sentido intimidado en alguna ocasión por los alumnos. «No podemos mirar para otro lado», insistió Arenas.

La propuesta anunciada por Arenas es la misma iniciativa que el PP presentó en el Congreso el pasado octubre y que fue rechazada por la mayoría de diputados alegando, entre otras razones, que ya la Fiscalía dota de protección jurídica a los profesores que sufren agresiones o amenazas. En Andalucía tampoco prosperará. El PSOE, con mayoría absoluta, ya manifestó que una propuesta de este tipo no puede ser abordada por un parlamento regional, ya que implicaría modificaciones del Código Penal que sólo es competencia del Parlamento nacional, recordó ayer la diputada socialista Araceli Carrillo, portavoz de este partido en Educación. Arenas insiste en su posibilidad y añadió ayer que comunidades como Madrid y Valencia, donde gobiernan, ya las han aprobado.

El PP incluyó la petición de considerar al docente autoridad pública además de autoridad magistral y académica entre sus propuestas al dictamen sobre la convergencia educativa aprobado en el Parlamento con su voto en contra el pasado febrero. El dictamen, respaldado por PSOE e IU, sí recogió las calificaciones de autoridad magistral y académica señaladas por el PP. El Parlamento volverá a debatir esta semana sobre educación, al incluirse en el orden del día la petición del PP de una reforma educativa.