La Fiscalía rechaza la causa contra Garzón por las escuchas de la 'Gürtel'

La Fiscalía atacó ayer con dureza los argumentos de la querella admitida por el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por las escuchas de la trama 'Gürtel'. El Ministerio Público, en el escrito en el que pide el archivo de las diligencias, tildó de «fragmentada» e «inveraz» la documentación presentada por el abogado Ignacio Peláez que sirvió a la Sala de lo Penal para abrir la tercera causa contra el instructor de la Audiencia Nacional.

El recurso del fiscal avala los pinchazos en la cárcel a los abogados de los cabecillas de la supuesta trama y alerta sobre la estrategia de las defensas para declarar nulas todas las actuaciones judiciales.

El escrito dirigido a la Sala de lo Penal está firmado por el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, y aporta una extensa documentación para desacreditar el contenido de la querella de Ignacio Peláez, quien además defiende a uno de los imputados en la trama de corrupción, el empresario José Luis Ulibarri.

Martín-Casallo asegura que los hechos que aporta el querellante son «una versión absolutamente ajena a lo realmente acontecido en la causa; una versión que se sustenta en una documentación calculadamente fragmentada».

El número dos de la Fiscalía mantiene que la intervención de las citadas comunicaciones, circunstancia central de la nueva causa abierta a Garzón en el Supremo tras la memoria histórica y los cursos de Nueva York, «no podría constituir un delito de prevaricación al no existir una conculcación frontal de la legalidad».

Para ello defiende, tal y como hizo en su momento el juez instructor de la trama 'Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, que el «referente normativo» que sustentan los pinchazos es la ley de Enjuiciamiento Criminal y no la ley Penitenciaria, que limita las mismas a los supuestos de terrorismo, como alegaron los letrados de los principales acusados y el querellante Ignacio Peláez.

El fiscal Martínez-Casallo defiende que dichas escuchas fueron «clave» para imputar a uno de los abogados supuestamente implicados en la red, José Antonio López Rubal.

Asimismo, proporcionaron datos que revelaban que los cabecillas de la trama encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, «estaban preparando reuniones y operaciones con la finalidad de ocultar y reorganizar fondos ubicados en el extranjero», pudiendo contar para ello con la complicidad de sus letrados.