La protección se complica

Las escenas que presentaban los sorteos de VPO como masivas oportunidades de acceso a una vivienda asequible han pasado a la historia. El derrumbe del consumo, el crédito, la construcción y la reserva de dinero líquido en las familias, añadido la brutal escasez de empleo las han convertido en postales antiguas que pronto se interpretarán como el símbolo de otra época.

A partir de 2010, las viviendas protegidas, directamente, escasearán. No serán tan habituales ni se presentarán como ese maná que alimentaba a los que no podían comprar ladrillo del caro.

El número de promociones en la provincia, como en las restantes, se derrumba de un año para otro.

El frenazo en el número de promociones es innegable. Según datos oficiales de la Delegación de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, actualmente están a la espera de sorteo 763 viviendas de protección oficial. Sin embargo, el desglose temporal confirma un cambio de tendencia, un antes y un después marcado por las dificultades económicas y presupuestarias. De ese número total, sólo 60 han sido o serán sorteadas en los primeros meses de 2010. El resto (703 de 763) fueron ofertadas formalmente en la segunda mitad de 2009. La caída es alarmante o, al menos, llamativa.

La oferta de VPO en la provincia se ha reducido a la décima parte en un periodo de tiempo muy corto, entre el último semestre del año anterior y el primero del nuevo año.

Aunque a partir de abril se publicasen varios proyectos nuevos, el descenso porcentual sería igualmente grueso. La tendencia ha cambiado de forma irreversible.

En cuanto a la distribución territorial, Jerez se lleva el máximo protagonismo numérico. De esos 763 pisos proyectados (julio 2009-marzo 2010), 170 se construyen o se van a construir en término municipal jerezano. Es decir, uno de cada cuatro pisos de VPO recién sorteado o que se va a sortear en la provincia está en Jerez.

Llama la atención que la ciudad de Cádiz no aparezca en el listado. Ni un solo piso, ni una promoción en el arranque del último año de caída o el primero de recuperación.

Fernando García, responsable de la promotora Atalaya, admite que hay un problema grave de «stockaje, de viviendas de las que el mercado tiene que deshacerse antes de proyectar otras nuevas. Ahora, en esta situación, pensar en más viviendas de VPO es una utopía. Entre otras cosas, porque tampoco son muy rentables para las empresas».

Pedro de Noriega, de Sodinur, también recuerda que «la política restrictiva del crédito» no sólo atenazaba a los compradores particulares, también a los promotores de vivienda protegida. Señala, entre las trabas añadidas, dificultades burocráticas como «la forma de pago que la Administración impone en los concursos de venta de suelo, que dificultan el acceso del promotor. Cada vez es más frecuente cómo quedan desiertos por la imposibilidad de cumplir la forma de pago exigida a las promotoras».

La lentitud de la aplicación práctica de los planes y el descenso de la demanda real, ligados al desempleo galopante, terminan de formar un veneno para este tipo de promociones. Desgraciadamente, sobran las motivaciones para explicar el descenso de oferta de vivienda protegida a la décima parte en la provincia de Cádiz en apenas un año.