La vía legal por Alburquerque podría paralizar las obras del tranvía

«Lo único que quiero saber es si el alcalde está dispuesto a que se soliciten medidas cautelares ya que entonces las obras del tranvía en el entorno se paralizarían». Esta reflexión realizada por Fernando López Gil, portavoz del grupo municipal socialista, es la clave del proceso judicial que el Ayuntamiento aprobó ayer en Pleno municipal para la defensa de la batería de Alburquerque, si bien las respuestas ante tal cuestión fueron muy ambiguas, incluso la propia moción presentada tampoco aclara hasta dónde está dispuesto a llegar el equipo de Gobierno para la recuperación de la fortificación que quedará soterrada por el paso del tranvía en las inmediaciones del puente Zuazo. La propuesta realizada por los populares expone el inicio del estudio de acciones legales por parte de los servicios jurídicos, pero en principio no alude a que se vayan a llevar a cabo en ninguno de sus puntos. «Esta moción es de cara a la galería porque ustedes sólo tenéis que levantar el teléfono para llevar a cabo tal petición», apuntaba López Gil.

Por ello, los socialistas se negaron en su votación al afirmar que en el propio atlas de fortificaciones realizado por el Consistorio, Alburquerque no tenía gran peso respecto al resto de los más de 50 enclaves de estas características que se extienden por la ciudad. Sin embargo para los populares resultaba asombroso que el PSOE diera su complicidad para que este elemento histórico quede bajo tierra. «Hay que recordar que el tercio que pretenden tapar es el del medio, lo que significa que será imposible recuperar gran parte de la fortificación», aludía el portavoz de los populares, Daniel Nieto, que exigía una mayor implicación en este tema.

Por su parte los andalucistas reclamaban que se llevara a cabo una de las propuestas, ya fuera la del traslado o la del viaducto, realizadas para salvar la batería. «El desarrollo de la obra no tiene por qué verse afectado ya que existen soluciones para este conflicto, otra cosa es que ahora no se tenga dinero para ponerlas en marcha», afirmaba el portavoz andaluz, Francisco Romero. La moción salía adelante con los votos de populares y andalucistas.

Aunque el enfrentamiento más polémico giró en torno a la falta de presupuesto por segundo año consecutivo y la aprobación de modificaciones de créditos para la gestión de nuevos equipamientos como el caso del Centro de Congresos. Era el concejal socialista Fernando León el más claro de hablar sobre el asunto. «Si se une el robo de la Caja con la sentencia a la familia Malo Campos, que son 2,5 millones de euros a pagar, más la severa reducción de ingresos, entonces los presupuestos no darán para realizar ninguna actuación».