El fiscal rechaza que se suspenda a Garzón antes de ser procesado

Como era previsible a la vista de su postura en las causas abiertas contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, la Fiscalía solicitó ayer al Consejo General del Poder Judicial que no suspenda al magistrado hasta que no sea procesado por alguno de estos procesos. El informe del Ministerio Público no es vinculante, por lo que la Comisión Permanente, encargada de poner en marcha los expedientes disciplinarios, podría continuar adelante con los trámites si lo considera oportuno. No obstante, el vicepresidente del gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, adelantó que el Consejo actuará en función de lo que dicte el Supremo.

La Fiscalía del Supremo argumentó en su escrito que si se acordara ahora la inhabilitación temporal de Baltasar Garzón «sería efectivamente una medida contraria a las garantías de independencia e inamovilidad (.) en el ejercicio de la función jurisdiccional», ya que aún no se ha sentado en el banquillo. El teniente fiscal del alto tribunal, Juan José Martín-Casallo, entiende que la continuidad del juez instructor «no produce daño a la Justicia ni quiebra la confianza ciudadana».

La Comisión Permanente del Consejo está presidida por Carlos Dívar y cuenta entre sus vocales con Margarita Robles, la consejera progresista que instó a comenzar los trámites para la suspensión de Garzón a tenor de la denuncia interpuesta por dos abogados particulares. Éstos consideraron que las dos primeras causas abiertas al magistrado en el Supremo -la investigación de los crímenes del franquismo y su mediación con el Banco Santander para que financiase unas jornadas que el juez organizó en Nueva York- eran suficientemente incriminatorias para inhabilitarlo.

La Fiscalía argumentó además que el Consejo suspende a los jueces como regla general cuando hay apertura de juicio oral o cuando se dicta auto de procesamiento, aunque reconoce que en ocasiones ha habido excepciones. La referencia es la del juez de familia Fernando Ferrín Calamita, que fue suspendido con la admisión a trámite de una querella en su contra, si bien en esa ocasión el Ministerio Público apoyó su inhabilitación, a diferencia de Garzón. Calamita estaba acusado de prevaricar por haber retrasado la adopción de una menor por parte de una pareja de lesbianas.

Espera

La decisión final del Consejo no dependerá de la tercera querella que el Supremo admitió el jueves contra Garzón por las escuchas de la trama 'Gürtel'. El vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces señaló que no actúan en función de las querellas al Supremo, «sino en función de lo que el alto tribunal dicte», y aseguró que tratan al instructor de la Audiencia Nacional «como a cualquier otro juez».

En la misma línea de cautela, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pidió tras el Consejo de Ministros «no prejuzgar ni adelantar acontecimientos» sobre la suerte que puede correr Garzón con las tres querellas admitidas por el Supremo y lamentó que algunos estén «juzgando antes de que lo hagan los jueces».

Más genérico se mostró el ministro de Justicia Francisco Caamaño, quien desde Bruselas, en donde presidió una reunión con sus homólogos europeos, señaló que las querellas admitidas contra el juez están en una fase «muy elemental». «Hay admitidas una serie de acciones criminales en una fase muy previa o de pretensiones de imputaciones contra el juez Garzón», contestó a la pregunta de si veía en peligro el futuro del magistrado.