El abogado del padre de los Galán pide el arresto domiciliario para su cliente

Como cabía esperar, el abogado defensor de doce de los quince imputados en la 'operación Toscana', José Luis Tellado, presentó ayer un recurso de apelación ante los juzgados de instrucción de Chiclana, para pedir la libertad de la mitad de sus defendidos, que siguen en prisión sin fianza desde el pasado domingo por orden judicial. El juez imputa a cinco de ellos un delito de prostitución y otro de asociación ilícita, y en el caso de Juan Pedro Galán, hijo del propietario de los hoteles y mano derecha en el negocio, un delito más de blanqueo de capitales.

Su padre, Juan Luis Galán, también se encuentra en prisión preventiva por estos hechos, pero su defensa corre a cargo del abogado Juan Pedro Cosano, que recurrió el auto judicial un día antes. Ambas apelaciones deberán ser resueltas en los próximos días por la Audiencia Provincial de Cádiz, aunque no existe un plazo definido. Hasta que esto ocurra, y en previsión que la respuesta se atrase, Cosano tenía previsto solicitar ayer el traslado de Juan Luis Galán a su casa, para que cumpla arresto domiciliario, alegando los problemas de salud que sufre el cabeza de familia. De hecho, desde su ingreso en prisión, Juan Luis ha permanecido en la enfermería de Puerto II.

Por su parte, en el recurso presentado ayer por la libertad del resto de detenidos, el letrado José Luis Tellado ha insistido en negar que exista ninguno de los tres delitos que se le imputan, especialmente el de prostitución. Para ello se apoya en las «cientos de declaraciones de las mujeres encontradas en los hoteles, incluidas los testigos protegidos, que cuando se les pregunta si han sido violentadas, todas dicen 'no'». «Si las mujeres no se sienten coaccionadas, no existe delito de prostitución; y si no hay delito, no cabe pensar en asociación ilícita, ni blanqueo de dinero, porque el dinero sería lícito», explica Tellado de manera tautológica.

Medio millón no sospechoso

Sobre el medio millón de euros hallado bajo el jacuzzi de Juan Luis, el abogado responde que «no supone un indicio sólido» para enviar a los miembros de la familia a prisión. Ni siquiera para pensar en un posible fraude fiscal, ya que «se trata de una familia con un patrimonio de 50 millones de euros». «Es como si se encuentran 200 euros en la casa de alguien que cobra 1.200 euros».

En la apelación presentada ante el juez, la defensa de Juan Pedro Galán también rebate cada una de las prácticas que el juez consideró coercitivas en su auto, como las videocámaras del club, que Tellado defiende como medidas de «seguridad de las prostitutas». O el traslado de las mujeres entre los clubes, por orden de los Galán. También niega las supuestas multas que la empresa les imponía por no trabajar o no cumplir las órdenes. En este sentido, Tellado asegura que las meretrices no pagaban los 50 euros del alojamiento si no hacían ningún pase, es decir, si no subían hombres a la habitación; y rechaza los supuestos controles de salida -que supondrían una retención ilegal-, que también relaciona con medidas de seguridad para evitar intromisiones en los hoteles.

Cabe recordar que otras ocho personas, detenidas durante la operación, siguen en libertad con cargos tras pagar seis de ellos sus correspondientes fianzas económicas. Entre ellos, la hija de Juan Luis -Rocío Galán- y su segunda mujer -Isabel Aguilar-, a las que se pidieron 50.000 y 100.000 euros respectivamente.