La Fiscalía considera que suspender a Garzón iría en contra de la independencia judicial

Lo había anunciado el fiscal general del Estado y ahora ya está negro sobre blanco. La Fiscalía se ha opuesto a que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sea suspendido de funciones mientras el Tribunal Supremo (TS) tramita varias querellas contra él. Entiende que esta medida iría contra la "independencia e inamovilidad" necesarias para que un juez ejerza su labor. Es lo que sostiene el Ministerio Público en el informe que le había solicitado el Consejo General del Poder Judicial y que ahora será estudiado por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.

El alto tribunal investiga a Garzón por declararse competente y abrir una causa sobre los crímenes del franquismo, por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York y, desde ayer, por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados del 'caso Gürtel' que se encontraban en prisión y sus abogados.

En su informe, la Fiscalía considera "contrario a la lógica jurídica" que la suspensión cautelar de funciones de un juez sea concebida "como de aplicación automática" a todos aquellos magistrados afectados por la admisión a trámite de querellas interpuestas contra ellos por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El Ministerio Público argumenta su tesis citando jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, que en una sentencia de octubre de 2009 estableció que la suspensión de un juez por parte del CGPJ "no es consecuencia de la admisión de la querella" y que esta medida sólo debe adoptarse cuando se considere que la continuidad del juez en su cargo "puede producir efectos contraproducentes".

También cita la Fiscalía un acuerdo adoptado en 1998 por el CGPJ en los mismos términos y concluye que "la admisión a trámite de una querella, aun cuando sea por presunto delito de prevaricación, no debe nunca suponer de forma automática la suspensión provisional de funciones" si no concurren además otras circunstancias que "pongan en cuestión el modelo constitucional de Estado de Derecho". El Ministerio Público vuelve a recurrir en este punto a resoluciones anteriores del CGPJ para concluir que éste viene aplicando la suspensión "en el momento en que se acuerda la apertura de juicio oral (...) o al dictar auto de procesamiento" -lo que aún no ha ocurrido con Garzón- y, en todo caso, siempre que el fiscal respalde la acusación.

El caso del juez Calamita

Así ocurrió con el juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita, suspendido después de que se admitiera la querella presentada contra él por una mujer que había visto retrasada durante dos años la tramitación de un expediente para adoptar a la hija de su compañera sentimental. El fiscal recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional obliga a basar las medidas cautelares en "un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes" y termina señalando que de los autos de admisión a trámite de las querellas contra Garzón no se puede concluir que la continuidad de éste en su cargo suponga algún perjuicio.

Señala que ni causa daño a la Justicia ni pone en peligro la confianza de los ciudadanos en ésta, "máxime si las querellas solamente han sido admitidas a trámite sin que exista apertura de juicio oral contra él, siendo la postura del Ministerio Fiscal (...) solicitar en todo momento el archivo de las mismas al considerar que los hechos en los que se apoyan no son constitutivos de delito". Esto debe conducir, dice, "a entender que no procede la medida de suspensión provisional, pues si se acordara ahora sería efectivamente contraria a las garantías de independencia e inamovilidad que son exigencias precisas y necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional".

Mientras la Fiscalía presentaba su informe, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón -que se querellaron contra Garzón por los cobros recibidos en Nueva York- se han dirigido al CGPJ para exigir la suspensión cautelar del juez tras la admisión a trámite de una nueva querella contra él. Además, aseguran en un comunicado que ejercerán "acciones legales" contra los vocales del Poder Judicial "si no le suspenden ya".