Pactos frente a la crisis

El centro del debate político sigue siendo la crisis, pero hemos pasado de las consideraciones sobre su existencia a las valoraciones sobre su dimensión y naturaleza, para situarnos hoy en las recetas para superarla, siempre desde la urgencia del desempleo, que afecta a un número cada vez mayor de familias, enfrentadas ala lucha por la supervivencia.

Si generar empleo es la máxima prioridad, hay que tener presente que es imprescindible crecer económicamente para lograrlo. Comenzamos 2009 con un crecimiento negativo del -1,6% y lo terminamos con un -0,1%, lo que nos indica que estamos a punto de salir de la recesión, como confirmarían otros datos rel comercio exterior y el consumo interno. El gobierno socialista ha hecho frente a la crisis impulsando la actividad económica y la creación de empleo a través del Plan E, poniendo las bases para la renovación de un modelo económico muy dependiente del ladrillo y defendiendo los avances de nuestro modelo de protección social.

La primera urgencia ha sido sostener nuestro sistema financiero para garantizar los ahorros de los ciudadanos, sin que haya sido necesario regalar un solo euro a los bancos como denuncian los demagogos de ocasión. Por el contrario, los avales y créditos aportados desde las arcas públicas han generado más de 1.600 millones de euros en concepto de intereses y es obvio que tendrán que devolver hasta el último euro y es posible que se puedan establecer nuevas figuras impositivas sobre el beneficio de los bancos y cajas de ahorros.

Mientras que otros gobiernos han tenido que inyectar capital público para evitar la quiebra de sus bancos (Irlanda el 200% de su PIB, Reino Unido el 100% y EE UU el 30%), nosotros tenemos un sistema financiero solvente que aún tiene pendiente incorporar a sus balances la actualización de la valoración de los activos inmobiliarios afectados por la crisis de la burbuja inmobiliaria, lo que significa que no podemos dar por resueltos los problemas en este ámbito.

La máxima prioridad ha sido siempre el empleo. Con los 11.000 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local, que tienen a nuestros pueblos y ciudades en estado de obras, además de contribuir a mejorar las infraestructuras y servicios locales, se han mantenido o generado más de 500.000 empleos, y se han sostenido a más de 15.000 empresas del sector de la construcción, el más afectado por la crisis.

Pero el Plan E no ha sido sólo obras en calles y plazas, también ha tenido incidencia en la industria del automóvil, un sector muy competitivo y exportador que gracias al apoyo público ha logrado recuperar las cifras de ventas y mantener la actividad en sus grandes factorías. Por el contrario, los más de 30.000 millones de euros inyectados mediante el ICO a través de bancos y cajas, no han llegado a las pequeñas y medianas empresas, con graves problemas de liquidez.

Fieles a nuestras señas de identidad, los socialistas nos comprometimos desde el primer momento a mantener la protección de los más castigados por la crisis: los desempleados. En estos momentos, la cobertura del desempleo en España es la más alta de la que ha existido en nuestra historia, alcanzando al 80% de los parados, se ha creado además una nueva ayuda de 426 euros al mes durante seis meses para los que agotaron sus prestaciones a la que se han acogido más de 300.000 personas y se ha prorrogado esta ayuda seis meses más, ampliando su cobertura a 200.000 nuevos afectados.

Con el objetivo de fortalecer el sistema de protección social y afrontar los retos demográficos, garantizando la igualdad de oportunidades y favoreciendo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, se han tomado diversas medidas que permiten avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar, a través de la atención a la población dependiente, la escolarización de los niños de 0 a 3 años, la ayuda de 2.500 euros por nacimiento de hijo, la ampliación del permiso de maternidad y la creación del de paternidad y las becas para los estudiantes que terminan la enseñanza obligatoria.

La renovación del modelo de crecimiento económico es y ha sido una prioridad de los gobiernos socialistas, por lo que se han tomado diversas iniciativas que van desde la aprobación de una nueva Ley del Suelo para frenar la especulación inmobiliaria y se ha multiplicado la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, destinando a esta tarea más de 50.000 millones de euros en los últimos cuatro años, mucho más de lo invertido por los gobiernos del PP en dos legislaturas.

En el horizonte de la recuperación económica el gobierno de Zapatero ha puesto en marcha la Estrategia para la Economía Sostenible, con una dotación presupuestaria inicial de 25.000 millones de euros. A pesar de la crisis y su doble incidencia en nuestra economía, España es un país fuerte cuyo PIB ha crecido por encima del 13% en los últimos seis años, cuya economía ha mejorado su competitividad internacional un 0,4% frente a la zona euro y un 0,9 por % frente a los países de la OCDE. Nuestra deuda pública en relación con el PIB está 20 puntos por debajo de la media de la UE, lo que nos permite ser uno de los países menos endeudados y que nuestra renta per cápita se sitúe en la media europea.

A pesar de esta realidad contrastable, tenemos serios problemas que es necesario abordar con urgencia. La tasa de desempleo de la última encuesta de población activa es del 18,8 %, el doble que la media europea, y en los dos últimos años se han perdido más de 1.800.000 puestos de trabajo.

Aunque ha estallado la burbuja inmobiliaria, aún no se han depurado todos sus efectos, lo que bloquea el crédito a las empresas y cautiva muchos recursos financieros destinados a dotaciones para hacer frente a impagos e insolvencias. Es necesario avanzar en la mejora de la competitividad de nuestro modelo productivo. Hay que reformar el sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura ante el incremento de la esperanza de vida y el desequilibrio entre activos y pensionistas.

Hay que hacer frente al déficit en las cuentas públicas, situado en el 11,4%, provocado por la caída en la recaudación y los compromisos de inversión y gastos sociales. El gobierno ha puesto en marcha un recorte en los gastos de 50.000 millones en las partidas que no afectan a la investigación y a los servicios y prestaciones públicas, para reducir el déficit al 3% de aquí a 2013.

La dimensión de nuestros problemas y sus características exigen un esfuerzo colectivo de todos para sumar voluntades y sinergias a través de un pacto político, económico y social pedido por el Rey a los diversos interlocutores, ofrecido por el Presidente Zapatero en sede parlamentaria y articulado a través de una comisión de la que forman parte tres ministerios.

El discurso de la catástrofe no se ajusta a la realidad y la estrategia de cuanto peor mejor, además de no ayudar a reforzar la solvencia internacional de España, encarece la financiación exterior, alienta el pesimismo, retrae el consumo interno y la inversión productiva de las empresas multiplicando el desempleo. Su rentabilidad electoral además de incierta, está a expensas de una agenda política remota.