La incomparecencia de testigos obliga a aplazar la vista por la agresión a un policía

Miguel Ángel Muñoz no pudo ocultar ayer su decepción tras conocer que la incomparecencia de dos testigos clave en el juicio por la agresión que sufrió en 2008 obligó finalmente al aplazamiento de la vista. El agente de policía afrontó ayer el inicio del día con la esperanza de que el juicio se realizara con normalidad y se pusiera fin lo antes posible a un proceso que a su entender se ha prolongado demasiado en el tiempo.

Sin embargo, tras algo más de una hora de espera se decidió fijar una nueva fecha, la del 15 de abril, al no presentarse los dos porteros de las casetas de Feria en las que tuvo lugar el altercado. «Me ha sentado mal -reconocía el afectado en la Audiencia Provincial-, porque tengo ganas de que finalice el proceso y no me parece bien prorrogarlo». Algo más comprensivo se mostraba su letrado, Fernando Precioso, al declarar que «son cosas que ocurren y sólo se puede esperar y creer en la justicia. La espera siempre será buena, siempre y cuando se haga justicia».

En cuanto a la no comparecencia de los testigos, el abogado aseguró desconocer la razón real, aunque apuntó a que uno de ellos trabaja fuera de la ciudad y a lo mejor se encontró con ciertos impedimentos para acudir al juicio. No obstante, la acusación particular pedirá judicialmente la presencia de ambos, por lo que a éstos no les quedará más remedio que asistir, si no quieren enfrentarse a alguna sanción.

La familia del acusado, M. A. F, también mostró su contrariedad ante el aplazamiento del juicio, que esperan se salde con la libre absolución del procesado, que es lo que solicitará la defensa durante la vista. Precioso, por su parte, pedirá hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, además de otros dos de lesiones graves y desorden público.

En el procedimiento también se ha visto involucrado el Ayuntamiento de Jerez, al que la acusación particular considera responsable civil subsidiario de lo ocurrido, que ha supuesto la pérdida de visión en uno de los ojos del agente del 90%. Para la Administración, el abogado solicitará una indemnización de 42.000 euros.