Competencia vuelve a investigar al Marco por pactar el precio de la uva

No hay dos sin tres, dice el dicho. Y parece que eso es lo que ha ocurrido con las actuaciones que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) está llevando a cabo en el Marco, que ya cuentan con un tercer expediente sancionador iniciado de oficio y que esta vez estudia si en la Denominación de Origen del jerez se han llevado a cabo prácticas prohibidas contrarias a la libre competencia por pactar el precio de la uva y del mosto.

Según han confirmado a LA VOZ diversas fuentes, la apertura de este nuevo expediente sancionador ya es un hecho que ha sido notificado a todas las partes implicadas, y que en este caso son todos los actores del Marco de Jerez que en su momento firmaron un acuerdo para fijar el precio al que se vendería la uva cosechada en la zona, así como el mosto procedente de ella: las patronales bodegueras Fedejerez y Arjeman, las organizaciones de viñistas Aecovi, Asevi y COAG, así como el propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino de Jerez.

Es precisamente la ficha de actores contra los que se incoa este expediente sancionador la que da la pista sobre el acuerdo de precios de la uva al que se puede referir la investigación, y que en estos momentos aún no está muy claro ni siquiera para los implicados. Y es que en los últimos años en el Marco de Jerez se han firmado sólo dos grandes pactos para fijar el precio de la cosecha y el mosto: el de septiembre de 2002, que formaba parte del Plan Estratégico que suscribió el entonces consejero de Agricultura, Paulino Plata, para la Denominación de Origen; o el que se rubricó en julio de 2006, y que ya no formaba parte del plan de la Junta, aunque retomaba su espíritu y el coste de la materia prima fijado en aquel.

En este caso concreto, parece que el expediente sancionador iniciado por la CNC se centraría en el primero de los acuerdos fijados. Al menos así invita a pensar el hecho de que la patronal bodeguera de Sanlúcar, Arjeman, esté citada como una de las implicadas. No en vano, en diciembre de 2005 esta asociación se integró en Fedejerez, y fue esta federación la que selló el acuerdo de 2006, mientras que ambas por separado firmaron el de hace ocho años.

La inclusión del Consejo Regulador como organismo implicado lleva a pensar en la misma dirección, ya que el ente presidido por Jorge Pascual sí rubricó el acuerdo sectorial de 2002, sobre todo porque también lo firmó la Junta, pero sólo estuvo de espectador en el caso del pacto más reciente.

De todas formas, y una vez avance la investigación con la que la CNC deberá verificar la existencia, en su caso, de actuaciones de las empresas implicadas que podrían constituir prácticas restrictivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, todas las partes podrán conocer más detalles y, sobre todo, presentar alegaciones en el plazo de los 18 meses durante los que se llevará a cabo la instrucción del expediente correspondiente.