Urbanismo cree que se dan facilidades «de sobra» para legalizar

El Ayuntamiento ya no sabe qué hacer para convencer a los vecinos de que la Ordenanza que propone es «la mejor posible».

Desde la Gerencia de Urbanismo, la edil Cándida Verdier criticó ayer a la Plataforma de vecinos afectados por la Regularización por el uso del «populismo y la demagogia» en un tema tan importante como éste, y reconoció su malestar «porque pagar no le gusta a nadie y es fácil convocar a la gente asegurando que no van a tener que pagar o que se pagará mucho menos», criticó la edil.

Verdier y los portavoces de este colectivo que aglutina a más de 40 entidades vecinales del extrarradio mantienen un pulso mediático desde hace semanas. Ayer desde el Consistorio se adelantó que el Ayuntamiento elaborará una normativa para facilitar el pago a aquellas familias que no puedan hacer frente a los pagos para legalizar su vivienda en colaboración con Servicios Sociales, y se criticó que la Plataforma haya roto las negociaciones sobre el texto legal que regirá el proceso «tras seis reuniones y aceptarse sus propuestas».

A juicio de la administración local ya existen suficientes facilidades y ventajas para que aquellos propietarios que lo deseen puedan iniciar la legalización de su vivienda. Entre ellas están la ampliación de la fecha para que una construcción pueda incluirse en el proceso; el hecho de que los vecinos tendrán derecho a un estudio previo de costes; y el faseamiento de los trabajos, que darán prioridad a la acometida de los servicios de agua corriente y alcantarillado, luz y asfaltado.

A todas estas propuestas hay que sumar el desglose de los pagos. Para iniciar el proceso los propietarios de casas ilegales deberán abonar entre 1.500 y 4.000 euros (en función del tamaño de la parcela); luego un segundo pago del 25% del coste total previsto en el anteproyecto y a la finalización de las obras un 15% más. Este 40% de la legalización se podrá abonar a través de un canon en el recibo de la basura, y el 60% restante se podrá prorrogar en su pago en un plazo que se estira hasta los siete años.