La división de los vocales progresistas dinamita el Consejo del Poder Judicial

La dimisión del vocal José Manuel Gómez Benítez como miembro de la comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial ha generado un cisma en el gobierno de los jueces. Gómez Benítez, vocal nombrado a propuesta del PSOE, presentó su renuncia el lunes tras denunciar que los sectores progresistas y conservadores se intercambian los nombramientos de los altos cargos de la cúpula judicial. La acusación desencadenaron un terremoto en el Consejo y acentuaron la división entre los consejeros progresistas, que han visto como el 'caso Garzón', al que antaño defendió Gómez Benítez, les ha explotado en las manos.

La dimisión de este vocal del órgano encargado de evaluar a los candidatos a cargos judiciales será votada en el pleno del Consejo de este jueves. Entre sus razones, destaca el «desacuerdo con el sistema de nombramiento» y la «devaluación de la función» del citado órgano, «impuesta por algunos vocales ajenos a la misma procedentes de las dos asociaciones más representadas en el Consejo», en referencia a la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, que acaparan más de la mitad de los 20 vocales del Consejo.

Según fuentes del órgano de gobierno de la judicatura, en su carta de dimisión critica que no se tenga en cuenta «ni las aptitudes ni los méritos» para ocupar los puestos de la cúpula de la carrera judicial -presidencias de tribunales superiores, audiencias provinciales o las salas del Supremo-. Por ello, Gómez Benítez lanzó un órdago y exigió el relevo de los otros cuatro vocales que integran la comisión de calificación: los progresistas Manuel Torres Vela y Félix Azón, y los conservadores Concepción Espejel y Claro-José Fernández Carnicero, por entender que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el pleno tiene la potestad de designar cada año a los integrantes del citado órgano.

Las mismas fuentes señalaron que la dimisión de Gómez Benítez «se venía venir» ya que no era la primera vez que manifestaba su rechazo al mercadeo de nombramientos desde que el Consejo tomó posesión en septiembre de 2008. Asimismo, aseguran las fuentes que la salida de este peso pesado, también es vocal de la comisión Disciplinaria y preside la de Estudios e Informes, ahondará la división existente entre los vocales nombrados a propuesta del PSOE, nueve de los 20 consejeros, «lo que afectará a la toma de decisiones comunes».

Mal endémico

El vocal dimitido defendió, en declaraciones a la Ser, su decisión porque el intercambio de plazas judiciales es un «mal endémico» de todos los Consejos que han existido y «hay que cambiar» esa costumbre. El letrado aseguró que «la comisión de Calificación ha entrado en una situación muy crítica porque no siempre, pero sí en muchas ocasiones, se imponen criterios que nada tienen que ver con el mérito y la capacidad».

Una de las reacciones más iracundas a las acusaciones de Gómez Benítez procedió de la vocal Margarita Robles, miembro de Jueces para la Democracia y ex secretaria de Estado de Seguridad en el Gobierno de Felipe González. Robles acusó a su compañero de «mentir» y aseguró que las «insinuaciones» de que se mercadean nombramientos suponen una «ofensa» y una «falta de respeto» a los jueces elegidos por el Consejo. Para ella, tras estas críticas hay una «consideración personal de alguien que no está a gusto» y dijo tener la «conciencia muy tranquila» ya que «no trabajamos en bloques».

Robles es uno de los vocales progresistas cuestionados, aunque no citados, por Gómez Benítez ya que en su momento la ex magistrada del Tribunal Supremo remitió un informe a los órganos directivos de Jueces para la Democracia, a la que pertenece, en el que detalló que había intercedido para que una veintena de asociados accedieran a altos cargos en la carrera judicial.

Para el vicepresidente del gobierno de los jueces, el conservador Fernando de Rosa, resulta «intolerable» que se acuse a vocales «con nombres y apellidos» de «manipular» al resto para determinar nombramientos, en referencia a una información de 'El País' en la que, aludiendo a fuentes del Consejo, citaba a Margarita Robles (progresista) y a Manuel Almenar (conservador) como los encargados de pactar los candidatos que les interesan y luego los imponen en la comisión.