El SUP denuncia al juez que ordenó a la Ertzaintza actuar contra ETA fuera de Euskadi

Querellas inéditas en la historia judicial a cuenta de la lucha antiterrorista. El sindicato mayoritario de la Policía, el SUP, ha denunciado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ante el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior por haber autorizado el pasado 2 de febrero que la Ertzaintza detuviera en la localidad oscense de Jaca -fuera por tanto de su jurisdicción- al supuesto etarra Igor Martín Miño. La central pide al órgano de gobierno de la judicatura que «depure las responsabilidades disciplinarias» del magistrado, al que acusa incluso de prevaricación, y asegura que la actuación de la Policía autonómica en Aragón fue una «vulneración flagrante» de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la propia ley de creación de la Ertzaintza de 1992.

El Sindicato Unificado de la Policía, que recuerda que los agentes autonómicos no sólo detuvieron a Martín sino que además realizaron registros domiciliarios en Jaca, sostiene que esa intervención policial, incluso, podría dar lugar a «la nulidad de todas las actuaciones practicadas» y la «consiguiente puesta en libertad de los presuntos terroristas» que fueron capturados en la primera operación contra ETA de la Policía autonómica vasca bajo el Gobierno de Patxi López.

No son «autoridad»

En sus denuncias, el SUP apela a diversos artículos de las dos leyes en los que se subraya que «las competencias para la Ertzaintza son en el territorio concreto y específico del País Vasco». El escrito insiste en que la actual normativa deja claro que los ertzainas sólo «tienen el carácter de agentes de la autoridad» en la comunidad autónoma vasca, por lo que la detención y los registros habrían sido directamente «ilegales». «Fuera de los límites geográficos asignados por las leyes no se le puede asignar funciones de Policía Judicial a un cuerpo que ni siquiera es, legalmente, un cuerpo de seguridad», explica la demanda, que califica de «grave y peligroso precedente para el futuro» la autorización del magistrado.

La central va más allá y acusa al juez y a la Consejería de Interior de no haber cumplido con su obligación de ponerse en contacto con la Secretaría de Estado de Seguridad o el Ministerio del Interior para pedir la intervención de un cuerpo estatal, Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía. Además, lamenta que el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba no haya «actuado legalmente» contra las supuestas irregularidades cometidas por Velasco y la Ertzaintza.

«La situación de excepcionalidad que sin duda supone la existencia del terrorismo no puede justificar una vulneración de la legalidad tan flagrante y una dejación de responsabilidad del Ministerio del Interior, que no sólo tolera que una Policía actúe fuera del territorio establecido legalmente, sino que además ni siquiera exige que lo haga bajo la dirección de uno de los dos Cuerpos de Seguridad del Estado», apuntan las querellas.

El SUP se hace eco también de la denuncia del mayoritario sindicato de la Ertzaintza, ErNE, que aseguraba que la Policía vasca ya ha actuado en anteriores ocasiones en las provincias de Burgos y Madrid, lo que, según los querellantes, «significa que empieza a ser habitual el incumplimiento del ámbito territorial de actuación establecido legalmente».

El sindicato pide al Consejo del Poder Judicial medidas disciplinarias contra Velasco, insta a Interior a que dé cuenta a la Abogacía del Estado para «restablecer la legalidad vulnerada» y que ponga en marcha medidas para evitar nuevas invasiones competenciales, y reclama a la Fiscalía General del Estado que investigue el caso y actúe como acusación si es pertinente.