La reconquista de cortadura

Nada de comecuras ni rojeras alérgicos a los uniformes. Es otra cosa. Más acertado sería asociar ese debate pendiente a una evolución, ya tan larga que cabe considerarla imparable. El rol social de los militares ha cambiado tanto en España, en tan poco tiempo, que ha llegado el momento de plantearse muchos de los privilegios o excepciones -quizás, no todas favorables para ellos- que les rodeaban. A esa percepción se unen las peculiaridades de Cádiz. Por un lado, al ser provincia estratégica -fronteriza en lo geográfico al margen de los mapas políticos- siempre estará ligada a la presencia militar. Así ha sido desde Melkart y, con variantes, así será. Pero entre esos cambios cabe pensar que sea lo menos agresiva posible para los entornos urbanos. Tenemos que convivir, pero hagámoslo de una forma cada vez más llevadera para todos. La tecnología, los cambios de funciones, la reducción de efectivos... todo empuja a que sus instalaciones sean cada vez menores, innecesarias en los cascos urbanos. Muchos militares están de acuerdo con ese cambio. Nada pintan ya los cuarteles en las grandes avenidas. No se trata de expulsar a nadie, hablamos de racionalizar el espacio.

Pero más de esos recintos hay otros lugares castrenses y sería una alegría pensar que los militares en España ya no necesitan ni quieren reservados, ni guetos para ellos solos. Ni a nadie molestan ni tienen que alejarse de nadie. Su carácter profesional, cada vez más técnico, merece que, de una vez, sus remuneraciones económicas sean acordes a sus funciones, a la peligrosidad de su misión en cada momento, equiparadas con el resto de la sociedad (la que tiene trabajo).

Ese justo ajuste -que también está pendiente en Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía...- les permitiría compartir todos los servicios con cualquier ciudadano, sin necesidad de exclusividades, descuento para militares sin graduación ni sucedáneos de economatos. Para los militares, y para los demás, sería una situación deseable que la residencia militar de Cortadura quedara sin público ni funciones. Sobre todo porque pudieran ir a cualquier otro lugar, porque se lo pudieran pagar, nada temieran y porque ya no tuviera sentido que disfrutaran de un paisaje excepcional 'ellos solos'. La justificación -si existió- empieza a diluirse o debería desaparecer. Es indiscutible que ese camino para eliminar cuarteles y peculiaridades comenzó a recorrerse en Cádiz (con excepcional presencia militar) como en otros muchos lugares hace 20 años. Los cuarteles de Varela suponen un ejemplo. Resulta bastante más discutible que el ritmo de ese recorrido tenga la velocidad adecuada, que progrese.

Casos concretos

Ese caso de la residencia de Cortadura (y aledaños) es uno de los más llamativos. A estas alturas del siglo XXI es complicado asumir que algunos militates (ni siquiera todos) tengan derecho a un alojamiento espectacular a precio especial en un inmueble situado frente a una playa enorme. Y el resto de ciudadanos, no. En su momento, esa prioridad tendría su justificación histórica y social, pero ahora gran parte de la sociedad preferiría un mejor uso de la zona. O, al menos, uno compartido. Tampoco hay que hacerse ilusiones con la gestión que la administración civil hace de lugares espléndidamente situados. Sólo hay que acordarse de Tiempo Libre para congelar cualquier expectativa.

Mucho más irritante resulta que una ciudad con los retos y las carencias de Cádiz (que también puso cientos de vidas en el sacrificio común que supone la convivencia con el ejército, véase 1947) tenga tantas trabas para recuperar el uso público de una finca convertida en zona VIP, en plena calle Ancha y con un nombre tan anacrónico como lo era su función: Casino Militar.

Como añadido, de resolución infinitamente más difícil, somos muchos los que creemos que el mayor atentado urbanístico que se cometió nunca contra La Caleta no fue el Balneario de La Palma, ni la Escuela de Náutica y mucho menos el restaurante Quilla. El mayor ataque al paisaje de esa zona está en esos enormes y horrendos edificios consagrados a las familias militares, con vistas maravillosas y daño incalculable al perímetro amurallado de una ciudad que ahora descubre que un atardecer es mucho más rentable que una gorra de plato.

No se trata de echar a nadie, ni de rescatar rencores atávicos, agravios, reproches en blanco y negro ni miedos. Puede que no haya prisa, pero en algún momento, alguien -también el muy socialista Ministerio de Defensa- tendrá que caer en la cuenta de que parte de ese debate aún está pendiente, que debe reiniciarse con serenidad y respeto hacia los intereses de las dos partes (sociedad civil gaditana y administración militar).

En Cádiz, no se trata sólo de sensaciones, no es cuestión de rojos, fachas, hippies ni pacifistas. Hablamos de impresionantes equipamientos turísticos, de un edificio con una ubicación lujosa en mitad de la zona comercial, del atractivo cultural de un perímetro amurallado que va de la Alameda al Parque Genovés.

Habrá que hablarlo, aunque sea a 20 años vista. Se trata, probablemente, de que la administración militar ya no necesita todo eso y la ciudad, sí.