Hernán Díaz, la 'operación tequila' y el expediente X

Qué poeta pondrá los nombres con los que se conocen públicamente las operaciones policiales? La 'operación Tequila' que ha llevado a la detención del ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y otros diez implicados en una supuesta trama de licencias ilegales que ha investigado la Guardia Civil, lleva la misma denominación que el título en español de 'Tequila Sunrise', una antigua película de Mel Gibson, así como también sirvió para identificar a comienzos de la pasada década una de las líneas de investigación del Caso Filesa, cuando el administrador de dicha sociedad, Luis Oliveró, utilizó a un testaferro de nacionalidad mexicana para ocultar fondos depositados en Suiza y supuestamente relacionados con la financiación irregular del PSOE.

Ahora, las siglas sospechosas son otras. Las de Independientes Portuenses, por ejemplo, que fue el grupo por el que Hernán Díaz logró ser alcalde de El Puerto de Santa María y que en la actualidad se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la política en base a sentencias sobre irregularidades anteriores. Llamado a declarar por la Guardia Civil en la Comandancia de Cádiz, hoy espera que el juez le tome declaración por un presunto delito de prevaricación en una cita judicial que ha sido fijada para el próximo 23 de marzo. Hay otros sospechosos, claro, como el que fuera concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, así como el jefe de disciplina urbanística de la Corporación, Fernando Jiménez Fornell, por haber concedido permisos a viviendas ilegales en un periodo comprendido entre 2004 y 2006.

Hernán Díaz, como el FBI en la vieja serie 'Expediente X', niega todo conocimiento de dichos supuestos y defiende la solvencia profesional del arquitecto que ocupa la jefatura de disciplina urbanística: «Hemos dado más de 12.000 licencias urbanísticas y ahora por cuatro viviendas de La Caridad nos acusan de corrupción, no lo entiendo», protesta el antiguo primer edil. En cualquier caso, se trata de cinco chalés localizados en el pago portuense de La Caridad y Rompeserones, así como las obras de ampliación del club de alterne Oh Puerto!, sobre suelo no edificable situado en la carretera de Sanlúcar, lo que mereció una denuncia ante la Fiscalía, presentada hace tres años por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, probablemente le dirá el magistrado cuando el ex alcalde repita que desconocía que para otorgar tales licencias hiciera falta un informe de los servicios jurídicos municipales. Sorprendente argumento si se tiene en cuenta que en la fecha indicada llevaba al menos trece años de alcalde. Alcalde, sí, pero no licenciado en Derecho, afirma para justificar que él fue quien firmó las licencias ominosas. ¿Por qué otorgó él las licencias en vez de la Junta de Gobierno?, cuestiona Ignacio García, parlamentario de Izquierda Unida. Por el momento, se trata de una investigación de la Benemérita que la autoridad judicial deberá sustanciar o archivar. Sobre la mesa del juzgado de instrucción número 1 de los de El Puerto de Santa María, obrarán entonces diversas carpetas en los que figuren las primeras pruebas de diversos supuestos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio. Según los primeros indicios, todo pasaba por el estudio de arquitectura TEC, propiedad de una delineante municipal que también está siendo investigada y que lograba sortear todos los obstáculos técnicos para lograr las licencias preceptivas. Una eficacia de la que dejó constancia en otros trámites burocráticos, como la legalización de un chalé de la urbanización de Los Perales que también fue denunciado en 2007 por Ecologistas en Acción. Un gran año para los pufos inmobiliarios en El Puerto, si se tiene en cuenta que también por aquellas fechas el fiscal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Audiencia de Cádiz, Ángel Núñez, remitió al Juzgado Decano de El Puerto de Santa María una denuncia de Ecologistas en Acción contra el gobierno portuense por supuestos delitos de prevaricación, malversación y contra el patrimonio local, entre otros, que afectaban a tres crecimientos urbanísticos irregulares en Pinar del Obispo, Los Desmontados y en zonas reservadas para vías pecuarias.

Ocurra lo que ocurra con la suerte final de este asunto, parece claro que no fue baladí la diligente actuación de Izquierda Unida en este caso y que la Fiscalía tampoco se anduvo con chiquitas. De momento, el alcalde actual, Enrique Moresco, del Partido Popular, ha ofrecido toda la colaboración posible por parte del consistorio tanto en esta como en cualquier otra investigación oficial. No en balde, tanto él como el concejal Fernando Gago formaban parte del equipo de Gobierno que Hernán Díaz presidía en aquel entonces. De momento, el ejecutivo local ha reclamado informes técnicos para estudiar la destitución cautelar de Jiménez Fornell. Claro que después de otras imputaciones a cargos locales y habida cuenta la inhabilitación que rige sobre el propio Hernán Díaz, ¿no habría que investigar seriamente el Plan General de Ordenación Urbana que él aprobó en 1992? Entre 1995 y 2000, un informe del Tribunal de Cuentas desveló que el Ayuntamiento y varias empresas municipales no habían justificado casi 25 millones de euros de dicho ejercicio. El Puerto no se inunda como Jerez, declara sobrado Hernán Díaz, pero durante su mandato se destruyeron dos millones de metros cuadrados de bosque, según el ecologista Juan Clavero. La arboleda perdida de Alberti ha quedado reducida, por la proverbial aparición de restos arqueológicos, a poco menos que un jardín simbólico. De vivir aún, el marinero en tierra habría podido ejercer la acusación particular. Y quizá sus camaradas lo hagan ahora.