«No se puede permitir una gran superficie junto a una catedral o en un parque natural»

El Congreso de los Diputados acaba de dar luz verde a la Ley de Comercio Minorista, que pretende regular un sector que en España representa el 10% del PIB y el 15% del empleo. La norma no ha gustado a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ni a las grandes superficies porque otorga a las comunidades autónomas la potestad de vetar la apertura de estos establecimientos por «razones imperiosas de interés general» (medioambientales, urbanísticas o de protección del patrimonio histórico). La secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, explica las razones y avanza los resultados del comercio exterior en 2009.

-¿Qué consecuencias tendrá la nueva Ley de Comercio Minorista para el sector?

-Va a beneficiar al sector porque introduce una liberalización de la actividad comercial y una reducción de trámites administrativos, una simplificación de la burocracia. Eso abrirá la puerta a más negocios.

-El texto satisface a los pequeños comercios, pero no a las grandes superficies, que denuncian trabas a la apertura de centros. ¿Por qué no gozan de la misma libertad?

-La ley, que supone transponer a España la directiva europea de Servicios, no distingue entre establecimientos. Eso lo deja a las comunidades autónomas, que tienen las competencias de comercio interior. Ellas deben adaptar el texto a sus ordenamientos y podrán introducir diferencias de concepto, siempre respetando la directiva.

-Pero dejar a las comunidades decidir qué son «razones imperiosas de interés general» equivale a consagrar un mecanismo de segunda licencia. ¿No choca eso con el afán liberalizador de la ley?

-El espíritu de la norma es que hay que dar libertad al sector del comercio, pero la propia directiva de servicios permite excepciones por razones imperiosas de interés general al principio de no establecer autorizaciones previas. Por ejemplo, no se puede poner una gran superficie al lado de una catedral del siglo XII, porque sería un atentado contra el patrimonio histórico artístico, o un hipermercado de 7.000 metros en un parque natural, por lo que supondría de tráfico o residuos. No puede haber libertad absoluta. La ley deja claro que a la hora de conceder autorizaciones no pueden primar criterios económicos.

-¿Cree que esos principios bastan para asegurar la competencia en igualdad de condiciones?

-Naturalmente las comunidades tienen que administrarlos con sensatez y responsabilidad. Si no es así, Bruselas tomará nota y podría abrir un expediente contra España por incumplimiento de la directiva de Servicios a causa del desarrollo normativo que hubiera realizado alguna comunidad, y si éste derivara en sanción, el Estado puede repercutir la multa sobre la comunidad correspondiente.

Rechazo de Competencia

-¿Cómo explica que la CNC haya pedido suprimir cualquier mecanismo que otorgue a las comunidades la decisión final?

-Yo no estoy en la CNC y no puedo explicar por qué hacen las cosas, ellos lo saben mejor. Pero sí puedo decir que no es adecuado lo que ha dicho la CNC. Primero porque las comunidades sí son competentes, puesto que así se establece en sus estatutos. Y segundo, por la necesidad de introducir algún marco regulatorio en el ordenamiento del comercio, precisamente por las singularidades que tiene desde el punto de vista socioeconómico.

-¿Qué efectos puede tener esta reforma sobre el empleo y el desarrollo económico?

-Los expertos predicen un efecto muy positivo sobre la actividad y el empleo. Hay estimaciones de inversión inducida esperada en torno a 4.000 millones de euros y de creación de alrededor de 50.000 puestos de trabajo.

-El comercio minorista vive una de sus peores épocas. Entre 2008 y 2009 sus ventas cayeron un 11%. ¿Aprecian algún signo de mejora? ¿Cuándo volverán las ventas a los niveles previos a la crisis?

-El comercio empezará a recuperarse de forma clara cuando remonte el consumo. Pero ya hay signos que nos hacen pensar que lo peor ha pasado. Le voy a dar cuatro datos: en la última campaña navideña las ventas aumentaron un 1,7%, la afluencia de consumidores a los centros comerciales creció un 6% y la facturación por tarjetas de crédito otro 6%. Por último está el aumento de cuatro puntos del índice de confianza del consumidor.