El Supremo impone a Falange una fianza de 6.000 euros para poder ejercer la acción popular contra Garzón

El Tribunal Supremo ha impuesto a Falange Española de las Jons una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular en la causa contra Baltasar Garzón por investigar las desapariciones durante el franquismo y le permite ser parte independiente de los otros querellantes, Manos Limpias y Libertad e Identidad. Así lo ha acordado el magistrado instructor de esta causa en el Alto Tribunal, Luciano Varela, en un auto que dispone que dicha fianza debe prestarse en metálico en el plazo de ocho días.

El Supremo impuso al sindicato ultraderechista Manos Limpias una fianza idéntica para poder acusar por prevaricación al juez de la Audiencia Nacional y rebajó a 3.000 euros la establecida para la asociación Libertad e Identidad debido a que ambas actúan con el mismo abogado.

Manos Limpias y Libertad e Identidad se opusieron, sin embargo, a actuar bajo la misma representación con Falange Española, lo que acepta Varela, que fija en 6.000 euros la fianza para esta última porque actúa como una parte más y "por el mayor compromiso de sus eventuales responsabilidades".

El magistrado instructor justifica su decisión en la divergencia mostrada por la parte acusadora, así como por "la escasa dilación que puede suponer la presencia de una parte más", a lo que "cabe añadir la ponderación que, en relación a ésta, merece el derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación de libertad para establecer la estrategia de defensa por la parte", añade.

Los argumentos de Garzón

La sala de lo penal del Supremo admitió a trámite la querella de Falange contra Garzón el 13 de enero y acordó acumularla a las presentadas por los mismos hechos por Manos Limpias y Libertad e Identidad al ser en todo punto coincidentes. El Tribunal acordó entonces que Varela decidiera sobre la fijación de la fianza correspondiente y si actuaban con el mismo abogado que los otros dos querellantes.

El juez de la Audiencia Nacional declaró por estos hechos en calidad de imputado el pasado 9 de septiembre en el Tribunal Supremo, donde sostuvo que al abrir una causa sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo no se apartó de la "finalidad legal" de investigar los hechos, depurar las posibles responsabilidades y, especialmente, dar protección a las víctimas.