Economia

Los inspectores de Hacienda denuncian presiones para aumentar la recaudación

La Agencia Tributaria solivianta a sus funcionarios al vincular el cobro de los pluses de productividad a sus objetivos

MADRID. Actualizado: Guardar
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La lucha contra el fraude, una de las prioridades señaladas por José Luis Rodríguez Zapatero para aumentar los ingresos públicos y reducir el déficit, lleva camino de enfrentar a los inspectores de Hacienda con sus jefes de la Agencia Tributaria. Unos y otros coinciden en que la evasión de impuestos debe ser perseguida, pero discrepan en los métodos. La introducción por Hacienda de protocolos y programas informáticos que pueden servir para vigilar el trabajo de los inspectores, y que establecen cómo deben realizarse las investigaciones ha soliviantado a estos profesionales, que denuncian «presiones» para aumentar «un 15%» la recaudación este ejercicio.

El secretario general de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Francisco de la Torre, lamentó el afán recaudatorio «completamente desmedido» de la Agencia Tributaria, que -aseguró- les exige este año ejercer una «mayor presión sobre los contribuyentes inspeccionados», al objeto de destapar más deuda e imponer mayores sanciones. El responsable de IHE cifró en 4.000 millones la cantidad que la Agencia Tributaria quiere obtener en 2010 mediante actas de inspección. «Que haya un objetivo de deuda prefijado es lamentable, sesgado y penoso», recalcó.

La Agencia Tributaria rechaza esos argumentos. Un portavoz de este departamento subrayó que no existe una cantidad de recaudación prefijada, sino un número de actuaciones a realizar. Estas fuentes admiten que para 2010 el número de inspecciones previsto es un 14% mayor del planeado para 2009, pero un 1,5% menor de lo que finalmente se hizo ese año. Por eso, Hacienda afirma que sus objetivos «están en línea con lo realizado en 2009, incluso algo por debajo» y deja claro que una de sus metas «irrenunciables» es «aumentar la presión sobre los defraudadores y conseguir que paguen lo que deben».

Si ambas partes están de acuerdo en combatir el fraude y los objetivos son parecidos a los del año pasado -como han admitido los responsables de IHE- ¿cuál es el motivo de este enfrentamiento? La razón puede ser que, en una instrucción fechada el pasado 14 de enero, Hacienda por vez primera ha ligado el cobro por los inspectores de los complementos salariales de productividad al cumplimiento de esos objetivos. Y para controlar si cumplen o no sus instrucciones les impone el uso de programas informáticos que fiscalizarán sus actuaciones y dejarán constancia de quiénes satisfacen los pasos y plazos estipulados en los protocolos. Ese control de calidad es el meollo del asunto, pues servirá en adelante para decidir quién mantiene o pierde los pluses de productividad, retribuciones variables que suponen alrededor del 20% de sus ingresos.

Mayor eficacia

Los inspectores aseguran que esas aplicaciones «no funcionan» y que cuando lo hacen «son lentas». Además creen que ligar sus retribuciones al cumplimiento de «aspectos formales» -como las exigencias de realizar comprobaciones censales, visitar al menos una vez a los contribuyentes investigados, redactar informes o ir a los registros mercantiles- perjudicará a «la calidad y profundidad» de su trabajo. A su parecer, las nuevas instrucciones prefijadas por Hacienda impiden ejercer un buen control porque «anulan» la «voluntad» y el «olfato» de los profesionales. «Se está desincentivando la iniciativa de búsqueda de un fraude más sofisticado», afirmó De la Torre.

La Agencia Tributaria, por su parte, asegura que aún existe un «margen para aumentar la eficacia en la lucha contra el fraude a través del uso de nuevas tecnologías y un mejor análisis del riesgo fiscal, junto con una mejora en los métodos y procedimientos de trabajo que permita aumentar la productividad».

Donde Hacienda ve ventajas, los inspectores aprecian «un grave lastre» a la hora de ejercer su labor. Por ello, IHE ha redactado un escrito dirigido al director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, suscrito por 600 jefes de equipo de inspección -el 77%-, que piden la derogación de las instrucciones de Hacienda y de los nuevos baremos para calcular la productividad.