El CNI deberá aclarar quién pagó el rescate del 'Alakrana'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quiere llegar al fondo sobre el pago del rescate del pesquero 'Alakrana' y solicitó ayer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que le remita toda la información de la que disponga acerca de quién o quiénes negociaron con los piratas somalíes la liberación del atunero vasco. Pedraz da así un paso más para desenmascarar la trama jurídico-financiera que se lucra con la liberación de los barcos capturados frente a la costa de Somalia.

En concreto, el juez pide al servicio de inteligencia que aclare «la identidad de personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores como intermediarios o destinatarios finales del rescate, pagando o colaborando con estructuras u organizaciones dedicadas a la piratería». Su implicación en este tipo de actividades se castiga en el Código Penal español un delito de colaboración con banda armada.

El pasado 18 de enero, el armador del atunero 'Alakrana', Kepa Etxebarria, compareció ante el juez Pedraz como testigo en esta causa y dio algunas pistas de lo que sucedió. Señaló que el rescate se gestionó desde la embajada española en Nairobi (Kenia) y que rondó los cuatro millones de dólares (2,7 millones de euros).

'Pepe de los misteriosos'

Asimismo,el empresario mencionó que las negociaciones con los piratas las llevó una persona de nacionalidad española que se hacía llamar 'Pepe de los misteriosos', aunque desconocía para quién trabajaba o si era agente de lo servicios de inteligencia españoles o de otro país.

Si 'Pepe de los misteriosos' fue presuntamente la persona que pagó el rescate a los piratas, según el armador, ¿quién acordó con los asaltantes la cantidad que debía pagarse por el botín? Una de las líneas con las que trabaja el juez Pedraz es precisamente la de los despachos británicos que se lucran con los secuestros en Somalia, según informaron fuentes jurídicas.

Precisamente, la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció tras la rocambolesca liberación del atunero vasco, el 17 de noviembre, que buscaría el consenso de los países aliados «para cortar de raíz las fuentes (económicas) que les llegan a los piratas a través de los pagos que se realizan en los bufetes europeos», caso de Ince&Co, con sede en la capital británica, que ofrece asesoramiento en caso de ataques de los piratas gracias al vacío legal que existe en ese país para los casos de negociaciones e intermediación en secuestros.