Chapuza antidescargas

El proceso de aprobación de la controvertida ley antidescargas, conocida como 'ley Sinde' por haber sido auspiciada por la ministra de Cultura, ha tropezado con un primer escollo: el dictamen preceptivo del Consejo Fiscal plantea serias objeciones a la norma, que coinciden con las que han esgrimido quienes no ven con buenos ojos que la intercepción de las comunicaciones, aunque tutelada por un juez, sea objeto de una especie de jurisdicción especial. En su demoledor dictamen, el Consejo Fiscal entiende que si bien «la producción y creación literaria, artística, científica y técnica» es un derecho fundamental constitucionalmente protegido, no cabe confundir estos conceptos con los «derechos de propiedad intelectual». Además, considera «dudoso» que la propiedad intelectual pueda ponerse a la misma altura que otros bienes jurídicamente protegidos, como la seguridad pública o la no discriminación de las personas. Finalmente, las objeciones teóricas se completan con críticas técnicas a la «confusa» regulación de la Comisión de Propiedad Intelectual. En suma, todo indica que, si no media una rectificación profunda, la impertinente norma puede acabar siendo, además, una mala ley.