El 28% de los 8,6 millones de pensionistas corre el riesgo de caer en la pobreza

El 28% de de los 8,6 millones de pensionistas corre el riesgo de caer en la pobreza al contar con ingresos inferiores al 60% de la renta media del país, alertó ayer Luis Méler, responsable de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). Preocupado por las personas que sobreviven con menos de 600 euros al mes, reclamó que la pensión de viudedad se eleve y pase del 52% al 70% de la cuantía que recibía el fallecido. Méler compareció en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo junto con el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDPJ), Luis Martín, quien se sumó a las reivindicaciones de CEOMA.

Ambas intervenciones son las primeras que se producen desde que el Gobierno propuso el retraso a los 67 años de la edad de jubilación. Méler y Martín subrayaron que en España el retiro no es obligatorio salvo que figure en convenio colectivo y abogaron por que se suprima esta imposición. El presidente de UDPJ reclamó también mayor transparencia informativa sobre los problemas actuales y futuros de la Seguridad Social para evitar que «cunda el pánico».

Méler instó a los parlamentarios a que mantengan el periodo de cómputo (años laborales contabilizados para el cálculo de la pensión) en 15 años, porque aunque su ampliación beneficie a los despedidos con edad cercana a la jubilación, la iniciativa conlleva un recorte para el resto. Igualmente, demandó que se impidan las prejubilaciones, es decir, que no se permita la salida laboral de los mayores de 52 años bajo la idea de que ya no van a volver a trabajar. Esta situación, añadió, debería ser costeada por las empresas sin el más mínimo cargo a las arcas públicas, opinión compartida por Martín.

Ahorro

El presidente de UDPJ apostó por mentalizar al trabajador para que ahorre a lo largo de su carrera profesional, vía fondo o plan privado de pensiones, para contar con un retiro económico que le permita vivir sin dificultad. Méler dijo que la previsión social complementaria es cuestión exclusivamente del trabajador.

El ministro Celestino Corbacho acudirá el lunes a la Comisión para explicar la propuesta del Gobierno. La diputada socialista Isabel López i Chamosa hizo hincapié ayer en que el proyecto del Ejecutivo «no es un decreto ni una ley ni una norma». «Es un documento público para empezar el debate. Al final de la negociación habrá lo que hayamos sido capaces de consensuar, ni más ni menos», concluyó.