Coherencia ante Guantánamo

Las dificultades políticas y jurídicas que el presidente estadounidense Barack Obama ha encontrado para cerrar la prisión de Guantánamo antes del pasado 22 de enero, tal y como había prometido, han acabado transfiriendo el problema al resto de los países democráticos. Al anunciar la posibilidad de que España acoja a cinco de esos prisioneros, el ministro Moratinos hizo ayer un llamamiento a los demás miembros de la UE, señalando que «si todos estábamos de acuerdo en que la prisión de Guantánamo era éticamente insoportable, hagamos un esfuerzo», en línea con la posición adoptada la pasada semana por el Parlamento de Estrasburgo. Pero la coherencia exigible en el caso debería comenzar por una mayor clarificación de la situación en origen. Los reclusos de Guantánamo susceptibles de ser acogidos en los países de la Unión portan en sus expedientes la calificación de «limpio para liberar». Pero la dilación de su puesta en libertad efectiva, además de constituir una flagrante anomalía, contribuye a mantener una sombra de sospecha que podría dificultar su inserción en los países de acogida. Especialmente cuando no termina de estar clara la diferenciación entre quienes en su día fueron objeto de una medida tan extrema y, sin embargo, están en condiciones recobrar la libertad y aquellos prisioneros que permanecerán recluidos en EE UU. España y los demás países de la Unión pueden y deben mostrarse solidarios con las personas todavía recluidas en Guantánamo sin ningún procedimiento judicial abierto, y con la propia Administración Obama a la hora de ofrecer una solución rápida al problema. Pero la coherencia a demostrar no termina en este punto, sino que ha de extenderse necesariamente a las condiciones de la acogida. Ya resulta significativo que los expedientes de los posibles candidatos a venir a España estén siendo evaluados por los servicios de inteligencia de nuestro país, evidenciando que la calificación estadounidense de «limpio para liberar» no resulta suficiente. De hecho, el anuncio por parte del ministro Moratinos de que los ex reclusos de Guantánamo que España acoja se verán libres pero «bajo vigilancia» obliga a que el Gobierno explique si tal vigilancia velará por la protección de los derechos de los acogidos o tratará de prevenir que éstos actúen contra la legalidad.